La narrativa oficial del Gobierno de Javier Milei sostiene que se ha alcanzado un hito histórico: el equilibrio fiscal. Bajo esta consigna, se presume que se ha eliminado la raíz de todos los males macroeconómicos. Sin embargo, cuando se analizan los datos duros —esos que publica el Banco Central sin adjetivos ni épica—, surge una realidad paralela: el gasto cuasi-fiscal, la expansión monetaria y la emisión de deuda en pesos avanzan a un ritmo alarmante.
Según el informe monetario del BCRA correspondiente a esta semana, la Base Monetaria creció un 97% en los últimos doce meses. El agregado M3, que incluye depósitos y circulante, aumentó un 64% interanual. Y lo más inquietante: en los últimos 30 días, la cantidad de cuasi-pesos (pasivos remunerados, como LECAPs, pases y otros instrumentos) creció un 5,6%. Lejos de detenerse, la máquina de emisión indirecta continúa encendida.
Esta expansión ocurre en un contexto de profunda recesión y sin señales de reactivación del crédito. En ninguna región del país se construye una vivienda financiada con hipoteca. No hay obras de infraestructura en marcha con crédito público o privado. La inversión productiva es nula y las tasas de interés subsidiadas por el propio Estado impiden cualquier intento genuino de financiamiento empresarial.
Este es el núcleo de la contradicción que atraviesa el modelo económico actual: mientras se celebra la “responsabilidad fiscal” en el plano del Tesoro, se encubre un creciente agujero monetario por la vía del Banco Central. El gasto público no desapareció: simplemente mutó de forma y hoy se canaliza hacia el pago de intereses de instrumentos de deuda en pesos, que el mercado apenas puede absorber sin que se dispare la presión cambiaria.
La política monetaria se ha vuelto, en los hechos, una fuente de emisión. Si bien se dejó atrás el mecanismo de financiamiento directo del déficit fiscal vía adelantos transitorios, se ha reemplazado por una expansión de pasivos remunerados que comprometen el futuro del equilibrio buscado. La emisión para pagar intereses de LECAP, sin demanda genuina de pesos ni confianza sostenida, es igual de inflacionaria. Solo está diferida en el tiempo.
Esto, por supuesto, tiene consecuencias. La principal es la creciente tensión cambiaria. Cada peso que se emite sin respaldo en actividad o exportaciones es una presión latente sobre el tipo de cambio. Y si bien el Gobierno sostiene a rajatabla el crawling peg del 2% mensual, el atraso relativo del dólar oficial respecto al resto de los precios ya genera distorsiones. Las brechas se recalientan, el contado con liquidación se despega, y los inversores huelen el humo de una futura corrección.
Además, esta política inhibe completamente cualquier iniciativa de inversión privada. ¿Quién se atrevería a tomar un crédito al 70% anual con inflación que apenas baja al 4% mensual? ¿Qué pyme puede competir con un Estado que paga tasas imposibles para sostener artificialmente su reputación financiera? El resultado es un ecosistema económico sin crédito, sin expansión y sin futuro previsible.
La única inversión que crece es la financiera, especulativa y de corto plazo. El capital apuesta a instrumentos atados a la tasa de política monetaria —LECAPs, fondos comunes, cauciones— pero no a la economía real. Mientras tanto, el Gobierno parece no advertir que su estrategia de "licuadora" vía inflación controlada y tasas negativas no puede sostenerse indefinidamente sin consecuencias.
El Presidente Javier Milei suele decir que la política monetaria debe ser “aséptica”, sin distorsiones. Pero hoy el BCRA emite pesos en cantidades crecientes, no para financiar gasto social o infraestructura, sino para cubrir vencimientos de sus propias deudas. Si esa emisión no se detiene o no se acompaña con un programa consistente de inversión, exportaciones y crédito productivo, la Argentina quedará atrapada en una nueva trampa monetaria. Una que no se soluciona con más relato, sino con coherencia.
La pregunta no es si el equilibrio fiscal es deseable —lo es—, sino si es genuino, sostenible y macroeconómicamente consistente. Por ahora, los datos dicen que no.
