Fingir demencia no es un plan económico

 El Gobierno de Javier Milei inició su gestión con la bandera de la ortodoxia económica, pero a diez meses de asumir, la secuencia de decisiones y resultados expone más una huida hacia adelante que una estrategia consistente.

El programa arrancó con una megadevaluación del 118%, un ajuste fiscal inédito, la licuación del gasto público y de los ingresos reales, y una tregua política con el FMI que incluyó un nuevo desembolso de USD 20.000 millones. Pese a todo, no hubo acumulación de reservas, no se estabilizó la brecha cambiaria, y el riesgo país sigue por encima de los 1.100 puntos básicos.

En el medio, se implementó un blanqueo express, se eliminaron las retenciones por tres días para forzar la liquidación de apenas cinco grandes cerealeras, y aun así, el Banco Central y el Tesoro continuaron perdiendo reservas netas. Los dólares no aparecen, la inflación dejó de bajar, y los escándalos de corrupción —desde el “caso Libra” hasta las coimas en el programa de discapacidad— erosionaron el capital reputacional del equipo económico.

En este contexto, el anuncio de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, generó una nueva ola de euforia en los mercados: primero una intervención directa en el mercado de cambios argentino, luego la promesa de un swap por USD 20.000 millones. Pero el entusiasmo bursátil contrasta con la realidad macroeconómica.

Hay que decirlo sin eufemismos: una intervención cambiaria extranjera no es un plan económico, y un swap no es un regalo, sino un préstamo contingente con objetivos políticos y financieros de corto plazo. Si el Tesoro norteamericano está interviniendo a través de bancos como Santander, lo hace para contener un desborde, no porque confíe en la solvencia estructural de la Argentina.

El supuesto “salvataje” anunciado no cambia los fundamentos: el país sigue sin capacidad de generar dólares genuinos, con una economía en recesión, inversión bruta en mínimos históricos y un superávit fiscal que, más allá del maquillaje contable, no alcanza para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

La euforia de los mercados dura lo que dura el tweet del anuncio. Lo que vendrá, inevitablemente, es la realidad: sin crecimiento, sin reservas y sin confianza política, no hay plan de estabilización que aguante.

Porque si a todo esto lo llaman éxito, entonces sí —como sociedad— estamos fingiendo demencia.

Prestamista USA, el último respirador

 La semana pasada, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció la posibilidad de un swap por USD 20.000 millones con el BCRA y la compra de bonos soberanos argentinos, tanto en el mercado primario como en el secundario. En apariencia, el acuerdo podría dar aire al Gobierno, pero en los hechos no cambia la esencia del problema: la insolvencia estructural del Estado argentino.

Si el Tesoro comprara deuda en emisión primaria, el alivio sería contable: refinanciar los vencimientos de los bonos reestructurados por Guzmán (enero y julio de 2026). Pero si lo hiciera en mercado secundario, el efecto sería apenas cosmético: sostener artificialmente las cotizaciones y evitar un salto abrupto del riesgo país. En ambos casos, la historia económica argentina enseña que los rescates de última instancia no resuelven nada —solo compran tiempo.

El fondo del asunto es que la deuda argentina no es solvente en el tiempo. Para que lo fuera, el país necesitaría superávits genuinos, crecimiento sostenido y un perfil de vencimientos más liviano. Pero Argentina no crece hace 15 años y hoy tiene los niveles de inversión más bajos de las últimas dos décadas. El Tesoro estadounidense, por más poder que tenga, no puede hacer magia con eso. En el mejor de los casos, puede postergar el desenlace, no evitarlo.

Y eso es exactamente lo que estamos viendo: un nuevo intento de estirar la mecha, con resultados cada vez más efímeros. Tras el anuncio, los dólares paralelos bajaron —pero menos que después del acuerdo con el FMI— y rebotaron más rápido. El riesgo país cayó —pero menos— y también subió más rápido. Lo que con el FMI duró cinco meses, con el Tesoro de EE.UU. duró apenas una semana.

La única entrada tangible de divisas vino del adelanto de exportaciones por la suspensión temporaria de retenciones, que generó un ingreso de USD 5.760 millones por única vez. Fue pan para hoy y hambre para mañana. El Tesoro perdió 0,3% de recaudación ($1,45 billones), más que el costo de los conflictos abiertos con las universidades, el Garrahan y los programas de discapacidad. Un trueque de estabilidad fugaz por desequilibrio fiscal permanente.

El “veranito” duró días. El dólar oficial, el MEP y el CCL ya recuperaron más de la mitad de la baja inicial. El BCRA tuvo que vender USD 1.800 millones, canjear deuda en pesos por bonos dólar linked, y volver al cepo cruzado con la Comunicación A8336. Resultado: vuelve la brecha, vuelven los rulos, se retraen exportaciones, y el tipo de cambio real se comprime hasta niveles insostenibles.

Debajo de la alfombra se acumulan pasivos: posición vendida en futuros por más de USD 7.000 millones, vencimientos crecientes en bonos atados al dólar y un pass through que tarde o temprano va a emerger. Cuanto más se demore la corrección cambiaria, más violento será el overshooting futuro.

Mientras tanto, el discurso del equilibrio fiscal luce cada vez más endeble. El superávit primario no alcanza para asegurar solvencia intertemporal, y el financiero está construido sobre capitalización de intereses de Lecaps y magia contable. No hay ajuste genuino ni expansión sostenible. Hay contabilidad creativa.

En el frente político, el desgaste es visible. La confianza en el Gobierno cayó 8,2% en septiembre (ICG: 1,94, según Di Tella), y los escándalos por coimas, contratos truchos y vínculos con el narcotráfico erosionan la imagen del oficialismo a semanas de las elecciones. La economía se ahoga, y la política ya no le presta el tubo de oxígeno.

Si el FMI fue el prestamista de última instancia, el Tesoro de EE.UU. se perfila como un respiro transitorio en un contexto donde el mercado ya no compra promesas.

La diferencia es que esta vez el aire se acabó demasiado rápido.

Editorial: Un plan económico sin aire propio

El gobierno de Javier Milei tiene un único objetivo: mantener el dólar artificialmente bajo para utilizarlo como ancla nominal antiinflacionaria. Toda la política económica de los últimos 21 meses se ha subordinado a ese fin. Para lograrlo, se recurrió a una sucesión de medidas transitorias —verdaderos conejos de galera— que aportaron dólares de corto plazo, evitando que el dólar suba o forzando bajas momentáneas.

Primero fue la venta de divisas retenidas en el sector privado; después, el blanqueo y el carry trade; más tarde, el refuerzo de reservas vía FMI con un crédito de USD 20.000 millones; ahora, agotadas esas cartas, el recurso fue suspender las retenciones hasta fin de octubre y acudir al Tesoro de EE.UU. en busca de otro salvataje.

En todos los casos, la lógica es la misma: forzar una sobreoferta transitoria de dólares para alterar, aunque sea por pocos días, la tendencia natural de un tipo de cambio real que luce insosteniblemente bajo. El problema es que, detrás de cada conejo, el stock se agota. El FMI sirvió para contener la brecha por apenas dos semanas; la suspensión de retenciones podría durar algo similar.

De hecho, según los datos oficiales, el cupo de USD 7.000 millones de exportaciones  Se trata, en el mejor de los casos, de una oferta que alcanza para un mes de demanda privada de divisas, estimada en torno a USD 55.000 millones anuales. Un respiro efímero frente a un problema estructural.

El paralelismo con el acuerdo del FMI es evidente: entonces el dólar bajó de $1.350 a $1.100 en pocos días; ahora, tras la suspensión de retenciones y el anuncio del entendimiento con el Tesoro norteamericano, el dólar se replegó de $1.520 a $1.350. Pero, como ocurrió en abril, el rebote alcista posterior luce inevitable. Los fundamentos monetarios y microeconómicos están totalmente desalineados con un dólar tan bajo, y el mercado lo sabe.

La medida tampoco tiene impacto productivo: no beneficia a los productores, que ya vendieron con retenciones incluidas, sino a los exportadores, que compraron barato y ahora liquidan a retención cero. El gobierno privilegia el efecto financiero y cambiario inmediato sobre la consistencia de mediano plazo, mostrando su desesperación tanto por dólares como por votos.

El resultado es un país atado a un plan económico inconsistente. No hay corrección de fondo ni programa integral, sólo parches cada vez menos eficaces. En cinco meses se recurrió primero al FMI y ahora al Tesoro de EE.UU. en busca de unos USD 45.000 millones (casi 7% del PBI). Ninguna economía viable depende de semejante respirador externo para sostener su estabilidad.

Lo preocupante es que Milei no parece dispuesto a cambiar: niega el fracaso, insiste con el TMAP, y se aferra a un guion que lo obliga a sacar cada vez más conejos de una galera cada vez más vacía. El riesgo político es que la fragilidad económica se combine con un mal resultado electoral, acelerando la dinámica alcista del tipo de cambio.

En definitiva, Argentina sigue atrapada en un plan sin aire propio: mientras el gobierno sólo busque ganar tiempo con dólares prestados o adelantados, la tendencia de fondo será siempre la misma: atraso, parches y un dólar que tarde o temprano recuperará la presión alcista.

El manotazo de ahogado de Milei: Tesoro de EE.UU., retenciones y elecciones

 El Gobierno insiste en mostrar que conserva el control de la situación económica, pero las señales que emite revelan lo contrario: improvisación, desesperación y una peligrosa dependencia de prestamistas externos y medidas transitorias que minan la credibilidad.

El Tesoro de EE.UU. como prestamista de “recontra última instancia”

La comparación es clara: el FMI es prestamista de última instancia; cuando un país acude a él, suele ser porque ya se agotaron las fuentes de financiamiento privadas y la crisis está instalada. Pero ahora, el oficialismo plantea como alternativa acudir al Tesoro de Estados Unidos, lo que equivale a la “última bocanada de aire” antes del ahogo definitivo.

No será un salvataje que devuelva la confianza, sino apenas un respiro fugaz –si llega– que terminará profundizando la falta de credibilidad en la política económica.

Encuestas y el golpe político en Buenos Aires

En paralelo, las encuestas anticipan un escenario adverso: en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert arranca 11 puntos abajo de Tatiana y sin margen para crecer. El interior no aparece como un contrapeso: salvo cinco provincias, en el resto el desempleo subió tanto o más que en el conurbano, lo que adelanta un voto castigo extendido.

El peso electoral de Buenos Aires es decisivo: ni sumando Córdoba, Santa Fe, CABA, Mendoza y Tucumán se alcanza la magnitud de votantes bonaerenses. En el norte, la LLA directamente muestra un derrumbe en intención de voto.

Retenciones: el síntoma de la desesperación

En este marco, el anuncio de suspender las retenciones por apenas 40 días es un claro ejemplo de la lógica del Gobierno:

• Transitoriedad. Todo es parche, nada es regla de juego estable.

• Desesperación. Se busca liquidar dólares a cualquier precio y ganar tiempo electoral.

• Incoherencia. Si el dólar oficial a $1.475 con retenciones 0% equivale a un dólar de $1.900 con derechos del 30%, el propio Gobierno está admitiendo que el tipo de cambio está atrasado.

¿Alguien en el mercado cree que el dólar debe valer menos de $1.900? Nadie.

Pan para hoy, hambre para mañana

El incentivo a liquidar soja bajo estas condiciones es, en el mejor de los casos, pan para hoy y hambre para mañana. Los productores saben que este es un esquema transitorio y que cualquier decisión de venta ahora los dejará en una situación más frágil después de octubre.

La conclusión es obvia: nadie invierte en un país donde las reglas cambian cada 40 días y donde el propio Estado muestra que considera barato un dólar de $1.900.

Una política económica de manotazos

La secuencia es clara:

1. Se busca financiamiento externo en condiciones cada vez más comprometidas.

2. Se recurre a medidas discrecionales de cortísimo plazo para arañar dólares.

3. Se condiciona toda estrategia al calendario electoral.

En el corto plazo, quienes especulan con bonos y acciones pueden encontrar oportunidades. Pero la dinámica es la misma: “hoy ganás, mañana perdés”, sin horizonte claro, sin consistencia y con creciente riesgo de colapso.

El Gobierno no está construyendo un programa económico: está respirando con tubo de oxígeno prestado y cada día más corto.

Un Tipo de Cambio Inviable: Anatomía de un Atraso Cambiario Recurrente

La Argentina vuelve a transitar un sendero conocido y peligroso: el del atraso cambiario. Hoy, el tipo de cambio real (TCR) se ubica en niveles históricamente bajos, comparables únicamente con los registrados durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) y la primera mitad del gobierno de Mauricio Macri (2016-2017). Dos experiencias que terminaron mal, y que fueron sostenidas con herramientas que ya no están disponibles.

En aquel entonces, el dólar barato era una ficción comprada a un costo altísimo:

• CFK2 utilizó y agotó USD 42.000 millones de reservas netas para mantener el atraso cambiario.

• Macri, de la mano de Luis “Toto” Caputo, colocó unos USD 40.000 millones netos de deuda en los mercados internacionales, financiando el déficit fiscal y, al mismo tiempo, sosteniendo un dólar planchado.

Hoy, esas dos válvulas de escape están cerradas. No hay reservas para vender, ni acceso a los mercados voluntarios de deuda. La única fuente externa de financiamiento es el FMI, pero incluso allí el margen de negociación es cada vez más estrecho.

En consecuencia, el atraso cambiario actual no es solo inviable: es insostenible. La corrección es inevitable. La discusión ya no es “si”, sino “cuándo” y “a qué nivel”.

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Escenarios de corrección: dólar a $2000, $2500 o $3000

Si el tipo de cambio nominal se ajustara “YA MISMO”, sin dilaciones, los distintos niveles de salto tendrían implicancias bien distintas en términos históricos:

• Dólar a $2000:
  Nos ubicaría en un punto de partida comparable al de mediados de 2019, previo a las PASO que dinamitaron la credibilidad del gobierno de Macri, y en un nivel cercano al de 2006, cuando la economía aún se beneficiaba del superciclo de commodities.

• Dólar a $2500:
  Equivaldría a situarnos en el promedio del 2022/2023, en plena administración Fernández-Cristina-Massa, y también en valores cercanos a los de principios de 2003, cuando la salida de la Convertibilidad todavía estaba fresca.

• Dólar a $3000:
  Significaría un salto traumático que nos dejaría:

  • peor que a comienzos de 2002, en el momento más agudo de la crisis post-convertibilidad,

  • por encima del promedio de la gestión Fernández-Cristina-Massa,

  • pero aún por debajo de los picos de sobresalto cambiario de ese mismo período.

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Inflación y pass-through: el factor tiempo

La dinámica inflacionaria condiciona el costo del atraso y la magnitud de la corrección. Con una inflación mensual del 2%, el “trabajo sucio” de la licuación hace que, con el tiempo, la magnitud del salto cambiario requerido para recomponer el TCR sea algo menor. En cambio, con inflaciones más altas (4% o más), el ajuste cambiario posterior debería ser mucho más violento para alcanzar el mismo nivel de competitividad.

Hoy, al menos en el corto plazo, las condiciones monetarias contractivas permiten suponer que el pass-through (traslado a precios de una devaluación) sería más bajo que en el pasado inmediato. Pero cuanto más se demore la corrección, mayor será la inercia inflacionaria acumulada, y más riesgoso resultará el ajuste.

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El dilema electoral

El gobierno juega una apuesta peligrosa: estirar el atraso cambiario hasta octubre, para llegar con una inflación contenida y mostrar competitividad electoral. Pero el costo de esta estrategia es altísimo:

• Se sigue profundizando la pérdida de reservas.

• Los exportadores liquidan lo mínimo indispensable para cubrir costos.

• Las importaciones se abren de forma indiscriminada, destruyendo empleo en la industria.

• Y el votante de a pie, cada vez más golpeado por desempleo, salarios deprimidos y apatía política, podría convertirse en el factor imprevisible de la elección.

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Conclusión

La historia argentina es clara: cada atraso cambiario termina en crisis. La diferencia es que esta vez no hay colchón de reservas ni crédito externo para sostener la ficción. La corrección del tipo de cambio nominal no es un riesgo, es un hecho. La única incógnita es cuándo y a qué nivel ocurrirá.

La Argentina, una vez más, se enfrenta a su dilema recurrente: cuanto más tarde en sincerarse, más doloroso será el ajuste posterior.

El Riesgo Monetario que Late Detrás del Silencio Cambiario

El Gobierno repite una receta que la historia económica argentina conoce de memoria: emisión fuerte por un lado, y atraso cambiario por el otro, en un intento por contener la inflación en la previa electoral. Pero como toda estrategia basada en tapar el sol con las manos, su margen de éxito es limitado. Lo que hoy se esconde detrás de la estabilidad cambiaria es un creciente desequilibrio monetario que, más temprano que tarde, terminará emergiendo en forma de un dólar más caro y de una inflación más alta.

El poder adquisitivo del peso y sus dos frentes de batalla

La variación del tipo de cambio es, en esencia, un termómetro del poder adquisitivo del peso frente al dólar. Si el tipo de cambio sube, el peso compra menos dólares; si baja, compra más. Paralelamente, la inflación refleja la pérdida de poder adquisitivo del peso frente a bienes y servicios. Ambos fenómenos —depreciación cambiaria e inflación— son el resultado del mismo proceso: un exceso de oferta de pesos en relación con su demanda.

En Argentina, medir la demanda de dinero es particularmente complejo. En cualquier economía, la demanda de pesos tiene dos componentes:

1. Motivo transacción: dinero usado para operar en la economía real.

2. Motivo ahorro: dinero mantenido como reserva de valor.

En nuestro país, este segundo componente es, por definición, efímero. Los argentinos ahorran en dólares, y solo en momentos puntuales —cuando la tasa de interés supera al aumento esperado del tipo de cambio— aparece una demanda transitoria de pesos para ahorro. Es el mecanismo que dio vida al carry trade.

Pero cuando las tasas cruzan un umbral y el mercado interpreta que anticipan una futura suba del dólar, el efecto se invierte: cae la demanda de pesos y aumenta la demanda de dólares, creando presión cambiaria.

Un diagnóstico incómodo: solo queda demanda transaccional

Hoy en día, en Argentina solo existe demanda de dinero por motivo transacción. Según estimaciones privadas como el IGA de OJF, en el mejor de los casos, la economía formal creció apenas +3,2% respecto a noviembre de 2023. Cualquier aumento de la cantidad de pesos por encima de este porcentaje implica un exceso de oferta monetaria. Ese exceso primero se traduce en mayor demanda de dólares en el mercado cambiario y, luego, en mayor inflación.

Este riesgo no es teórico: desde hace tres meses, el dólar comenzó a subir y la inflación dejó de bajar. De hecho, hoy es más probable verla en el 2% mensual que acercándose al 1%.

Emisión cero… y expansión récord

El Gobierno anunció “emisión cero” hacia fines de junio de 2024. Sin embargo, desde entonces, todos los agregados monetarios han crecido muy por encima de la inflación y en términos reales, superando incluso la expansión de los primeros seis meses de gestión.

• Base monetaria: crece fuerte en términos reales.

• Billetes y monedas en poder del público: “vuelan” en poder adquisitivo, impulsando también la economía informal.

• Depósitos a plazo fijo: apenas superan a la inflación.

• Depósitos a la vista (cuentas corrientes + cajas de ahorro): caen fuerte en términos reales, evidenciando que no hay mejora sostenida en la actividad económica.

Este patrón implica que el leve rebote del nivel de actividad responde más a circulante disponible que a una expansión genuina del crédito o la inversión.

El problema de la licuación y el reloj electoral

En los primeros meses de gestión, la “licuación” del gasto y de los saldos reales permitió absorber parte de la emisión. Pero ese colchón se agota con el tiempo. Mientras más se extienda la política de emisión acompañada de un dólar atrasado, mayor será el ajuste que habrá que convalidar después.

El Gobierno parece decidido a mantener esta estrategia hasta las elecciones, especialmente por el peso político que tendrá el resultado en la Provincia de Buenos Aires. Si en las PASO bonaerenses el oficialismo sufre un revés, las presiones cambiarias podrían intensificarse en septiembre y octubre. Si, por el contrario, obtiene un resultado favorable, el margen para sostener el ancla cambiaria se amplía hasta las generales de fin de octubre.

Un tipo de cambio de equilibrio más alto

La foto actual muestra que el tipo de cambio de equilibrio está por encima del nivel vigente. El cepo para empresas y el control de precios implícito en el dólar oficial no son señales de un equilibrio genuino, sino de una represión cambiaria. En economía, no existe un precio máximo que esté por debajo de su valor de equilibrio sin que haya racionamiento y distorsiones acumulándose debajo de la superficie.

Conclusión: el riesgo ya está en marcha

El desequilibrio monetario se está gestando desde hace más de un año. El mercado cambiario y el de bienes aún no lo reflejan en toda su magnitud porque el Gobierno utiliza todos los resortes posibles para postergar el ajuste. Pero la experiencia argentina demuestra que cuanto más se prolonga la represión cambiaria y monetaria, más violenta es la corrección posterior.

Hoy, la estabilidad cambiaria no es estructural ni la desinflación está garantizada. El riesgo de un dólar más caro y una inflación más alta ya no es un escenario futuro: es una probabilidad creciente que avanza en silencio. La pregunta no es si habrá corrección, sino cuándo y con qué magnitud.

Tasas del 65% para los bancos, veto a los jubilados: el costo político del ajuste sin anestesia

 El Gobierno nacional paga tasas cercanas al 65% para que los bancos le renueven LECAPs y eviten una corrida. En paralelo, veta con la lapicera presidencial un aumento para jubilados y personas con discapacidad. Esa escena, aunque suene brutal, resume el corazón del modelo económico que conduce Javier Milei: un ajuste sin anestesia, sostenido por el sistema financiero y a costa del tejido social más vulnerable.

No hay metáfora ni exageración: mientras los sectores más castigados de la población ven cómo sus ingresos se licúan mes a mes con la inflación, el Estado gasta cada vez más en intereses para refinanciar su deuda en pesos. En términos políticos, el mensaje es claro: primero los bancos, después el resto. En términos económicos, es una estrategia cada vez más difícil de sostener sin consecuencias.

La política monetaria actual se basa en sostener tasas reales altas para evitar una presión cambiaria que desestabilice el esquema. Pero esto tiene un costo colosal. El Tesoro se financia emitiendo deuda en pesos que el mercado solo renueva si es recompensado con rendimientos imposibles de replicar en la economía real. Mientras tanto, el crédito productivo está completamente paralizado, y no hay una sola obra de infraestructura o vivienda en marcha con financiamiento genuino.

La paradoja es evidente: se le paga a los bancos para que no huyan, pero se le niega un ajuste razonable a quienes dependen del Estado para subsistir. En este contexto, el veto a la fórmula previsional sancionada por el Congreso no fue una decisión técnica, sino un gesto ideológico. El Gobierno prefiere arriesgar capital político antes que ceder en su ortodoxia fiscal.

Pero el riesgo no es solo económico. En medio de una recesión profunda, con ingresos desplomados y caída del consumo, este tipo de decisiones alimenta una narrativa peligrosa: la del abandono. La clase media empobrecida, los jubilados, los trabajadores informales y los sectores con discapacidad no pueden esperar un rebote macroeconómico para sobrevivir. Y cada vez más argentinos sienten que el modelo económico no los incluye.

Además, ya cambiamos tres veces de régimen cambiario desde diciembre: primero con cepo estricto, luego con un crawling peg y, más recientemente, con un esquema de flotación administrada dentro de bandas. El tipo de cambio oficial sube al 2% mensual mientras la brecha con los dólares paralelos vuelve a escalar. Esa inestabilidad erosiona la credibilidad del programa económico y debilita cualquier intento de plan de estabilización.

¿Hasta cuándo podrá sostenerse este modelo en el que se subsidia con tasas exorbitantes al sistema financiero, se licúa el gasto social y se posterga a los sectores que no tienen voz en la mesa del poder?

La política económica del Gobierno, en su versión más dura, comienza a mostrar sus límites. La licuación de pasivos sin crecimiento, sin inversión y sin contención social es, además de regresiva, profundamente piantavotos. Y no hay relato libertario que lo maquille.

A seis meses de las elecciones legislativas y con una recesión que aún no tocó piso, la pregunta que crece en la sociedad ya no es si hay que hacer un ajuste, sino quién lo paga.

La ficción del déficit cero: emisión creciente, crédito nulo y el riesgo de una nueva trampa monetaria

La narrativa oficial del Gobierno de Javier Milei sostiene que se ha alcanzado un hito histórico: el equilibrio fiscal. Bajo esta consigna, se presume que se ha eliminado la raíz de todos los males macroeconómicos. Sin embargo, cuando se analizan los datos duros —esos que publica el Banco Central sin adjetivos ni épica—, surge una realidad paralela: el gasto cuasi-fiscal, la expansión monetaria y la emisión de deuda en pesos avanzan a un ritmo alarmante.

Según el informe monetario del BCRA correspondiente a esta semana, la Base Monetaria creció un 97% en los últimos doce meses. El agregado M3, que incluye depósitos y circulante, aumentó un 64% interanual. Y lo más inquietante: en los últimos 30 días, la cantidad de cuasi-pesos (pasivos remunerados, como LECAPs, pases y otros instrumentos) creció un 5,6%. Lejos de detenerse, la máquina de emisión indirecta continúa encendida.

Esta expansión ocurre en un contexto de profunda recesión y sin señales de reactivación del crédito. En ninguna región del país se construye una vivienda financiada con hipoteca. No hay obras de infraestructura en marcha con crédito público o privado. La inversión productiva es nula y las tasas de interés subsidiadas por el propio Estado impiden cualquier intento genuino de financiamiento empresarial.

Este es el núcleo de la contradicción que atraviesa el modelo económico actual: mientras se celebra la “responsabilidad fiscal” en el plano del Tesoro, se encubre un creciente agujero monetario por la vía del Banco Central. El gasto público no desapareció: simplemente mutó de forma y hoy se canaliza hacia el pago de intereses de instrumentos de deuda en pesos, que el mercado apenas puede absorber sin que se dispare la presión cambiaria.

La política monetaria se ha vuelto, en los hechos, una fuente de emisión. Si bien se dejó atrás el mecanismo de financiamiento directo del déficit fiscal vía adelantos transitorios, se ha reemplazado por una expansión de pasivos remunerados que comprometen el futuro del equilibrio buscado. La emisión para pagar intereses de LECAP, sin demanda genuina de pesos ni confianza sostenida, es igual de inflacionaria. Solo está diferida en el tiempo.

Esto, por supuesto, tiene consecuencias. La principal es la creciente tensión cambiaria. Cada peso que se emite sin respaldo en actividad o exportaciones es una presión latente sobre el tipo de cambio. Y si bien el Gobierno sostiene a rajatabla el crawling peg del 2% mensual, el atraso relativo del dólar oficial respecto al resto de los precios ya genera distorsiones. Las brechas se recalientan, el contado con liquidación se despega, y los inversores huelen el humo de una futura corrección.

Además, esta política inhibe completamente cualquier iniciativa de inversión privada. ¿Quién se atrevería a tomar un crédito al 70% anual con inflación que apenas baja al 4% mensual? ¿Qué pyme puede competir con un Estado que paga tasas imposibles para sostener artificialmente su reputación financiera? El resultado es un ecosistema económico sin crédito, sin expansión y sin futuro previsible.

La única inversión que crece es la financiera, especulativa y de corto plazo. El capital apuesta a instrumentos atados a la tasa de política monetaria —LECAPs, fondos comunes, cauciones— pero no a la economía real. Mientras tanto, el Gobierno parece no advertir que su estrategia de "licuadora" vía inflación controlada y tasas negativas no puede sostenerse indefinidamente sin consecuencias.

El Presidente Javier Milei suele decir que la política monetaria debe ser “aséptica”, sin distorsiones. Pero hoy el BCRA emite pesos en cantidades crecientes, no para financiar gasto social o infraestructura, sino para cubrir vencimientos de sus propias deudas. Si esa emisión no se detiene o no se acompaña con un programa consistente de inversión, exportaciones y crédito productivo, la Argentina quedará atrapada en una nueva trampa monetaria. Una que no se soluciona con más relato, sino con coherencia.

La pregunta no es si el equilibrio fiscal es deseable —lo es—, sino si es genuino, sostenible y macroeconómicamente consistente. Por ahora, los datos dicen que no.

Superávit fiscal: entre el relato y la inconsistencia estructural

El Gobierno nacional insiste en presentar el superávit fiscal como la piedra angular del éxito de su programa económico. Sin embargo, un análisis más detallado de los números oficiales revela que no se trata de una consolidación estructural del equilibrio, sino de un artificio contable sostenido por decisiones excepcionales, con costos sociales y políticos crecientes y una sostenibilidad más que dudosa.

En primer lugar, la aparente consolidación fiscal ignora pasivos clave del Banco Central. Si se capitalizan adecuadamente los intereses de deuda, el déficit financiero asciende hoy al 5,1% del PBI, una cifra comparable a la que heredó el gobierno de Mauricio Macri en 2015. De hecho, incluso el superávit primario, presentado como un logro inédito, se evapora si se consideran gastos mínimos que ya han sido comprometidos, como recomposiciones parciales a jubilaciones, transferencias a discapacitados, transporte, el fondo docente y ATN al conurbano. Reincorporando estos rubros, el resultado primario real se ubicaría en un déficit cercano al 1% del PBI.

El camino seguido hasta ahora responde a una lógica de “licuadora y motosierra”, es decir, licuación por inflación de haberes y subsidios, y recortes abruptos en gastos que afectan principalmente a sectores vulnerables y a las provincias. Pero este tipo de ajuste, además de inequitativo, es insostenible en el tiempo: genera tensiones sociales crecientes, compromete servicios esenciales como salud, educación y justicia, y erosiona el capital político del gobierno en tiempo récord.

Más preocupante aún es el enfoque institucional adoptado. El Gobierno ha avanzado en recortes de transferencias automáticas que comprometen el piso mínimo garantizado de coparticipación federal. Además, ha centralizado los recursos del Tesoro Nacional mediante un manejo discrecional de los ATN, sin criterios claros ni consenso con los mandatarios provinciales. Este accionar debilita el pacto federal, alimenta el conflicto entre Nación y provincias, y alienta una deriva centralista que vulnera las bases mismas del sistema constitucional argentino.

Algunos sectores del mercado han convalidado esta estrategia bajo el argumento de que cualquier forma de ajuste es preferible a la inercia fiscal. Pero la historia económica argentina demuestra que los equilibrios fiscales frágiles y socialmente regresivos no duran. El superávit no puede construirse sobre la base de la parálisis institucional ni del deterioro democrático. Y menos aún puede ser festejado mientras crece la pobreza, se destruyen los ingresos reales y se asfixia a los gobiernos subnacionales.

En definitiva, el supuesto orden fiscal es más bien una ilusión estadística que esconde una dinámica insustentable en el tiempo. Lejos de consolidar la estabilidad macroeconómica, esta estrategia puede derivar en una nueva etapa de conflictividad política, deterioro institucional y crisis de gobernabilidad.

El verdadero desafío no es alcanzar un superávit a cualquier costo, sino construir una senda de equilibrio duradero, con legitimidad política, solidez técnica y justicia distributiva. Lo demás es relato. 

El espejismo del superávit: Milei, ajuste y un futuro fiscal insostenible

En el centro del discurso del gobierno de Javier Milei está el superávit fiscal. Lo presenta como un logro irrefutable, una muestra de “orden” y “seriedad” que marcaría un cambio de era. Sin embargo, cuando se analizan los datos con rigor y se observan las cuentas en profundidad, aparece otro escenario: el superávit no sólo es frágil, sino que es dinámica y estructuralmente insostenible.

Pongamos el dedo en la llaga: si se contabilizan correctamente todos los intereses capitalizados de la deuda, el resultado financiero del Estado Nacional es hoy similar al que dejó el gobierno de Cristina Fernández en 2015. El déficit real ronda el 5,1% del PBI. Es decir, el ajuste fiscal de Milei, lejos de haber resuelto el problema, sólo reorganizó las partidas para mostrar una foto de orden que se sostiene con alambre.

Este “logro fiscal” se asienta sobre tres pilares: postergación de pagos, recorte brutal del gasto social y una contabilidad creativa que omite los pasivos no devengados del Banco Central. Pero sobre todo, lo más alarmante es que, tal como lo hizo la convertibilidad en los '90, este esquema carece de sustentabilidad política y social. El ajuste es regresivo, recae sobre jubilados, docentes, universidades, hospitales, provincias y trabajadores. La base de sustentación electoral del gobierno se achica a medida que el deterioro se profundiza.

El problema, sin embargo, no es sólo técnico. Es también político. En un país federal como Argentina, donde la Constitución establece que los recursos tributarios deben repartirse equitativamente, el incumplimiento del piso mínimo legal de coparticipación y el manejo discrecional del ATN son una bomba de tiempo institucional. A esto se suma una tensión creciente con las provincias, que ya no son recibidas en Balcarce 50 y que han perdido acceso a fondos esenciales para pagar sueldos y mantener servicios básicos.

A futuro, si se aplicaran los proyectos ya anunciados —mejoras a jubilados, moratoria previsional, aumentos por discapacidad, reinstauración del bono, restitución del Fondo Compensador al Transporte y del Fondo del Conurbano, entre otros— el superávit primario actual se convertiría en un déficit primario del 1% del PBI. Es decir, todo lo ganado con el ajuste se evaporaría en cuestión de meses.

El propio Milei ha dicho que vetará cualquier ley que implique gasto. Pero eso no resuelve el problema estructural: gobernar sin mayoría legislativa, enfrentado con las provincias y con un nivel de conflictividad social creciente, torna políticamente inviable el sostenimiento de este ajuste a lo largo del tiempo.

Lo más grave no es que el ajuste vaya a fracasar —eso es casi inevitable si se mantiene esta arquitectura— sino que una parte importante del mercado y del electorado “quiere” creer que este esquema es sostenible, aunque la realidad fiscal, institucional y política muestre lo contrario. Finjen demencia pora varias razones.

En definitiva, el ajuste de Milei no es el punto de llegada de una estrategia fiscal coherente, sino un experimento forzado por el mercado y sostenido por la fe más que por los números. Como toda ilusión, puede durar un tiempo. Pero cuando se apague el espejismo, lo que quedará será un Estado más débil, una sociedad más empobrecida y un sistema político más tensionado. 

¿Quién votará a Milei en octubre?

 A pocos meses de las elecciones, una pregunta comienza a repetirse en voz baja —y cada vez más en voz alta— en los cafés, en los taxis, en los grupos de WhatsApp, en los estudios de televisión: ¿quién va a votar a Milei en octubre?

La pregunta no nace del capricho ni del prejuicio, sino de la simple observación de una realidad que golpea con fuerza. Los jubilados han visto licuar sus haberes a niveles humillantes. Los docentes, sostén de cualquier proyecto de país, trabajan por salarios que no alcanzan ni para una vida modesta. Las universidades están asfixiadas. El Garrahan, símbolo de excelencia en salud infantil, advierte que no puede sostenerse. La obra pública está completamente frenada, y con ella, miles de puestos de trabajo.

El entramado de pequeñas y medianas empresas se desmorona bajo el peso de la recesión. El desempleo formal crece, y el informal exige más horas para apenas sobrevivir. Al mismo tiempo, aumentan los niveles de morosidad en tarjetas y créditos personales, ahogados por tasas de interés impagables. El consumo se desploma. No hay crédito, no hay inversión, no hay horizonte.

En este contexto, el gobierno exhibe un único trofeo: la desaceleración inflacionaria. Pero lo hace a un costo altísimo, con una sociedad exhausta y una economía que se enfría a pasos acelerados. Y con un detalle que no puede pasarse por alto: Argentina es hoy un país carísimo en dólares. Lo que aquí cuesta 10, en países vecinos cuesta 5. Es la consecuencia de un tipo de cambio artificialmente bajo combinado con precios internos dolarizados. Un cóctel peligroso para la producción, el empleo y la competitividad.

En lo social, Milei ha confrontado con casi todos: insultó a artistas y referentes culturales, menospreció a periodistas, se burló de la comunidad LGBT+, ignoró a las organizaciones sociales y descalificó a economistas de todos los colores que no piensan como él. Más que un presidente, parece un tuitero en guerra con el país que gobierna.

El caso de la Ciudad de Buenos Aires es revelador. Bastión histórico del voto liberal, donde el discurso antipolítica suele hacer pie con facilidad, el oficialismo apenas cosechó el 30% en las últimas elecciones. Incluso allí, en la ciudad que muchos definen como “la más gorila del país”, el 70% eligió otra cosa.

La situación empieza a recordar, cada vez con más nitidez, al final de los años noventa: ajuste tras ajuste, cierre de fábricas, caída del salario real, promesas de “sacrificio necesario” y un Estado que se retira de sus funciones esenciales. Aquella película terminó como todos sabemos: con una crisis brutal, estallido social y vacío de poder.

Hoy, como entonces, el discurso de la motosierra suena eficaz en el corto plazo, pero detrás deja tierra arrasada. La diferencia es que esta vez la sociedad parece estar despertando más rápido.

Y por eso, mientras el gobierno se aferra al miedo como única herramienta electoral, una pregunta crece con fuerza y sin respuesta clara:

¿Quién votará a Milei en octubre?

Dólares del colchón, presión en el Congreso y un Riesgo País que no afloja

 La economía argentina está entrando en una nueva fase de tensión silenciosa, de esas que no estallan pero erosionan. El combo es complejo: la reciente aprobación en el Congreso de una fórmula de movilidad jubilatoria más generosa —que obligará al Gobierno a estirar el gasto social— no solo golpea las cuentas públicas, sino que lo hace en el peor momento político posible: plena campaña para el balotaje legislativo de 2025, donde el oficialismo juega buena parte de su capital.

Mientras tanto, el mercado empieza a tomar nota. Los dólares financieros operan firmes en el centro de la banda y el Banco Central no logra recomponer reservas, ni siquiera con el súper cepo vigente. La inversión extranjera directa brilla por su ausencia, y salvo los flujos puntuales hacia los Bontes 2030, la economía real no recibe señales de confianza sostenida desde afuera. Resultado: el Riesgo País vuelve a mirar los 700 puntos básicos, zona de alerta en cualquier manual de economía emergente.

Pero hay más: en paralelo, la economía doméstica se desangra por dentro. La mora en tarjetas de crédito y préstamos personales sube de forma silenciosa pero persistente. Las PyMEs sufren embargos judiciales por deudas impositivas o bancarias, en un contexto donde la actividad no repunta y los planes de pago ya no alcanzan.

La señal de Caputo: ¿confianza o desesperación?

En este marco, apareció el anuncio de Luis Caputo: los dólares del colchón pueden usarse sin temor, que el Estado no va a mirar. En otras palabras: si tenés billetes guardados, gastalos, invertilos o sacalos a la calle. No habrá preguntas ni consecuencias.

¿Es una señal de confianza o de desesperación? El mensaje puede interpretarse como un intento pragmático por mover ahorros paralizados y activar el consumo, pero también como un síntoma de que la Argentina no consigue dólares genuinos por el canal financiero externo. En lugar de atraer capitales, le habla a sus propios ciudadanos como última fuente de financiamiento.

En términos simbólicos, no es menor: cuando el Estado libera al evasor mientras sube la presión sobre el que cumple, lo que está en juego es algo más que la recaudación. Es la arquitectura del sistema.

Tiempo de definiciones

El oficialismo empieza a chocar con sus propios límites discursivos. El ajuste sin plan de estabilización, la libertad sin reglas claras, y el orden fiscal sin ancla monetaria ni crédito externo empiezan a generar tensiones dentro y fuera del gobierno. Mientras tanto, la oposición ve una ventana para forzar cambios que tensen la hoja de ruta del Ejecutivo, sin asumir el costo del desmadre.

En los próximos meses, la política dejará de ser espectadora para convertirse en protagonista del rumbo económico. Y si no hay capacidad de negociación, ni generación de confianza ni ingresos de capital genuino, el Gobierno tendrá que elegir entre ajustar más o sincerar su discurso.

Por ahora, el colchón sigue sosteniendo. Pero el colchón no es eterno. Y menos aún, confiable.

LA ARGENTINA FERNET 70/30

Un cóctel de desequilibrio macroeconómico, dólar atrasado, inflación persistente y deterioro social

El actual modelo económico argentino presenta una estructura tan desbalanceada como el trago que da nombre a esta editorial. En un país donde el 30% de la población accede a beneficios, arbitrajes o sectores dinámicos —como el agro, la energía o las finanzas—, y el restante 70% apenas sobrevive entre sueldos licuados, inflación persistente y creciente informalidad laboral, el cóctel que se sirve parece diseñado para llegar a octubre con el dólar planchado y la inflación reprimida, pero a costa de profundos daños estructurales.

Reservas netas negativas y un Banco Central ausente

Mientras el campo avanza con su liquidación estacional, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sorprende al mercado con una estrategia de no acumulación de reservas. En lo que debería ser la temporada alta de ingreso de divisas —por la cosecha gruesa de soja y maíz—, la autoridad monetaria ha optado por quedarse al margen del MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), bajo la hipótesis de que en junio el Fondo Monetario Internacional concederá un Waiver por incumplimiento de metas.

Sin embargo, las reservas netas siguen en terreno negativo, estimadas en -3400 millones de dólares, un nivel crítico que mina la credibilidad de la política cambiaria y monetaria. Mientras tanto, las reservas brutas se sostienen con swaps con China, préstamos de organismos multilaterales y encajes de depósitos en dólares, pero sin capacidad efectiva de intervención.

Los agentes económicos desconfían: perciben que el Gobierno estira la mecha de un programa transitorio, basado en el atraso cambiario, controles laxos y un ajuste fiscal feroz.

El 30% que accede al “dólar de privilegio”

En este esquema, un 30% de los consumidores y operadores económicos accede —de forma directa o indirecta— a una especie de dólar oficial de privilegio, ya sea por importaciones, gastos autorizados en el exterior o mecanismos financieros grises que permiten "escupir" dólares sin grandes restricciones. Muchas de estas operatorias bordean la ilegalidad o se amparan en fallas deliberadas de los organismos de control, que eligen mirar hacia otro lado.

Este segmento se mueve en un entorno que le permite mantener márgenes, cubrirse contra la inflación o realizar arbitrajes legales o semilegales, profundizando la brecha con el 70% restante.

Paritarias y salarios: una carrera perdida

Mientras tanto, el grueso de la población enfrenta paritarias por debajo de la inflación. En los últimos meses, los acuerdos salariales se ubican mayormente en torno al 1% mensual, mientras la inflación núcleo ronda el 2.5% promedio, con alimentos creciendo por encima del IPC general.

Esta licuación sistemática del poder adquisitivo forma parte de la estrategia desinflacionaria: enfriar la economía, frenar la indexación y recomponer los márgenes empresariales. Pero el costo es socialmente insostenible.

Hoy, 7 de cada 10 trabajadores no llegan a fin de mes, el empleo informal crece, y los datos del INDEC reflejan una caída interanual de la masa salarial real, tanto en el sector privado como público.

Una actividad dual: crecimiento sin empleo

La actividad económica muestra una clara segmentación. El 30% del PBI que responde a sectores como el agro, el gas, el petróleo y la minería muestra dinamismo gracias a precios internacionales, inversiones específicas (como Vaca Muerta o el litio), y bajos costos en dólares.

Pero son sectores capital-intensivos, con bajo impacto en el empleo. El otro 70% —industria manufacturera, comercio, construcción, servicios— muestra caída en ventas, cierres de PYMEs y despidos silenciosos. Según datos del EMAE, la actividad cayó un 5.3% interanual en marzo, con derrumbes en industria (-19.6%) y construcción (-29.9%).

Atraso cambiario e importaciones abiertas: ¿modelo sostenible?

El Gobierno apuesta todo a un tipo de cambio ultra atrasado —el oficial crece al 2% mensual, contra inflación de 2.5%-3%— como ancla nominal para frenar la inflación, en un contexto de tasas reales fuertemente negativas y liberalización de importaciones.

Esta combinación genera un triple efecto nocivo:

1. Pierde competitividad exportadora: los exportadores liquidan lo mínimo indispensable para cubrir gastos operativos.

2. Fomenta importaciones: sin una administración eficiente del comercio, se generan déficits sectoriales crecientes.

3. Destruye empleo: al competir en condiciones desiguales con bienes importados baratos, muchas industrias reducen turnos o directamente cierran.

La reciente aceleración de importaciones no responde a reactivación, sino a arbitrajes ante la expectativa de devaluación posterior a las elecciones.

El plan: ganar tiempo hasta octubre

Todo indica que el plan actual tiene un solo objetivo: llegar competitivo a octubre. Para ello, se apuesta al ancla cambiaria, al ajuste fiscal vía licuación del gasto, a tarifas contenidas y a una pax cambiaria transitoria, que no es gratis ni sostenible.

Pero ¿cómo votará ese 70% que queda fuera del reparto? ¿Cuál será la reacción de los desocupados, de los asalariados informales, de los jubilados con haberes mínimos?

Una sociedad que ya no cree

A este escenario se suma un componente político fundamental: la apatía del votante. Las últimas elecciones provinciales y municipales reflejan una participación en caída y un creciente desencanto. La polarización vacía de contenido y la falta de respuestas tangibles a los problemas cotidianos minan la legitimidad del sistema.

El riesgo no es solo económico. Es social y político.

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Conclusión

La Argentina Fernet 70/30 es un reflejo crudo de un país en desequilibrio. El plan económico actual puede tener efectos transitorios sobre la inflación, pero su costo en términos de reservas, empleo, productividad y confianza es altísimo. Si no se replantean sus fundamentos, el precio a pagar después de octubre puede ser mucho mayor.

¿De qué sirve ganar tiempo si se pierde el rumbo? De un proyecto de país pasamos a un proyecto de poder, y eso nunca termina bien. 

Marcelo Trovato

Argentina 2025 y Chile 1982: Ecos de una crisis pasada

La historia económica suele repetirse, aunque con distintos protagonistas. La crisis chilena de 1982, ocurrida en pleno experimento neoliberal de los “Chicago Boys” bajo la dictadura de Pinochet, ofrece paralelismos inquietantes con la actual situación argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Aunque los contextos históricos, institucionales y sociales son distintos, algunas semejanzas estructurales permiten trazar un análisis comparativo que puede ayudar a anticipar riesgos futuros.

Semejanzas

1. Ortodoxia ideológica inflexible

   • Chile aplicó un modelo de apertura financiera total, desregulación extrema y tipo de cambio fijo. Argentina, bajo Milei, avanza hacia una dolarización de facto, achicamiento del Estado, liberalización comercial y financiera, y priorización del "equilibrio fiscal" como ancla moral y política.

2. Apreciación cambiaria artificial

   • En ambos casos, los gobiernos utilizaron un tipo de cambio anclado artificialmente como ancla nominal contra la inflación. En 1982, Chile fijó el dólar a 39 pesos; hoy en Argentina, Milei mantiene el dólar libre planchado vía endeudamiento externo, a costa de evitar un sinceramiento cambiario.

3. Endeudamiento externo funcional

   • En lugar de fortalecer el balance del Banco Central, el gobierno argentino toma deuda (FMI y otros organismos) para evitar que se dispare la brecha cambiaria. Lo mismo hizo Chile, que mantuvo su modelo importador-consumista vía ingreso de capitales y deuda externa hasta que el crédito externo se cortó abruptamente.

4. Ausencia de red de contención social

   • Tanto en Chile del ‘82 como en la Argentina actual, el modelo se aplica sin amortiguadores sociales robustos. En el caso argentino, la licuación del gasto público no distingue entre privilegios e imprescindibles, afectando jubilaciones, salud y educación.

Diferencias clave

1. Democracia vs dictadura

   • A diferencia de Chile, la Argentina de hoy opera en democracia. Este es un límite estructural importante: el ajuste tiene consecuencias sociales y políticas que pueden volverse ingobernables electoralmente.

2. Sistema financiero más regulado

   • En 1982, Chile había desregulado su sistema bancario por completo, lo que provocó un colapso masivo. Argentina hoy tiene una banca más pequeña, más regulada y con menor exposición externa.

3. Red global de contención

   • A pesar de las tensiones, Argentina cuenta con cierta asistencia multilateral (FMI, BID, CAF), algo que en 1982 no existía con la misma dinámica. Sin embargo, este apoyo tiene límites, y puede desaparecer si el rumbo se percibe como insostenible o estancado.

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¿Qué puede pasar en Argentina?

Si el gobierno insiste en sostener el ancla cambiaria a cualquier costo y posterga una reforma estructural del sistema productivo y financiero, los riesgos son claros:

• Crisis de deuda externa: si se agota el crédito y no hay ingreso genuino de dólares (por exportaciones, inversión o superávit genuino), el modelo se queda sin nafta.

• Estallido social o político: al no haber margen para más ajuste social, un colapso del equilibrio cambiario podría derivar en una crisis política, como ocurrió en Argentina en 2001, aunque ahora sin el "uno a uno".

• Explosión de la brecha cambiaria: si se acaban los dólares para intervenir o sostener la brecha, se puede generar una corrida sin contención, con traslado a precios, caída de reservas y riesgo de default.

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 Conclusión

La experiencia chilena de 1982 demuestra que ningún modelo es invulnerable si se basa en fundamentos frágiles y endeudamiento externo como pilar transitorio. Hoy, Argentina repite algunos errores de manual: usar deuda para sostener una ilusión de estabilidad, mientras los problemas estructurales (productividad, matriz exportadora, pobreza) siguen creciendo bajo la alfombra. Si el gobierno no corrige el rumbo y no se abren caminos de crecimiento real, lo que parece “orden” puede convertirse en otra crisis más. La historia no se repite igual, pero rima. Y la Argentina ya ha oído esta música antes.

"Gastalos tranquilo, que el Estado mira para otro lado"

La secuencia es insólita pero reveladora: primero te ofrecieron un blanqueo. Pagá un poco, te regularizás y volvés a jugar con las reglas del sistema. Hasta ahí, discutible pero legítimo. Ahora, apenas minutos después de cerrado ese capítulo, llega el verdadero premio: gastalos sin miedo, que ARCA, la UIF y el Ministerio de Economía no van a mirar. Tenés dólares en el colchón, en una caja fuerte o afuera sin declarar? Usalos tranquilo. No habrá consecuencias, ni fiscalización, ni rastreo.

La señal es clara: el que esperó, ganó. El que cumplió, pagó de más. Y el que confió en el sistema para regularizar su situación, hoy se entera de que podría haber hecho lo mismo sin poner un solo peso. Porque esta nueva disposición no es otra cosa que una amnistía encubierta, un guiño al informalismo que, lejos de ser una excepción, empieza a institucionalizarse como práctica económica avalada por el Estado.

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Fortalezas de la medida:

• Incentivo al consumo y a la inversión inmediata: En un contexto recesivo, permitir que se muevan dólares no declarados puede dinamizar sectores como la construcción, el turismo, o el mercado inmobiliario, sin pasar por la burocracia del blanqueo.

• Liquidez sin emisión: Alienta la circulación de capital ya existente, sin necesidad de emitir ni endeudarse.

• Descongestión del sistema de control: En la práctica, la medida descomprime organismos como la UIF y AFIP, quitándoles una tarea imposible: fiscalizar el dinero informal de millones de argentinos.

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Debilidades profundas:

• Premio al incumplimiento: El mensaje implícito es devastador: “no declares, que después te lo perdonamos”. Esto erosiona la confianza en cualquier política de cumplimiento futuro y destruye la moral tributaria.

• Inequidad flagrante: Mientras el contribuyente formal financia al Estado con impuestos altísimos, al evasor se lo invita a participar del sistema sin consecuencias. Esto amplía la brecha entre la economía blanca y la negra, y legitima al que nunca cumplió.

• Desprestigio institucional: Si el Estado se niega a controlar, no solo resigna recaudación: también pierde autoridad moral y legal. Se instala la idea de que las normas están para ser ignoradas y que los controles son meros enunciados simbólicos.

• Imprevisibilidad jurídica: En lugar de un marco claro y previsible, se impone la lógica del atajo, donde las decisiones se modifican sobre la marcha. Esto desalienta tanto la inversión genuina como el cumplimiento voluntario.

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Una lógica perversa

El problema no es solo económico: es ético e institucional. No hay república posible si el Estado decide cuándo mirar y cuándo hacerse el distraído según la conveniencia del momento. Si ayer te cobraban por sincerarte, y hoy te aplauden por seguir en las sombras, ¿qué incentivo queda para actuar dentro de la ley?

"Un Estado que premia al evasor desalienta al que produce", advertía Bernardo Kosacoff, economista y exdirector de la CEPAL. La frase es más vigente que nunca.

Esta estrategia puede ser eficaz en el corto plazo. Pero es pan para hoy y corrosión institucional para mañana. Porque si el Estado renuncia a controlar, no solo pierde autoridad: pierde el alma.

Un nuevo régimen cambiario en marcha: fortalezas, riesgos y desafíos

El acuerdo alcanzado por el gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el año 2025 define un nuevo marco cambiario que busca combinar la ortodoxia fiscal, la acumulación de reservas y una apertura parcial del cepo cambiario en un contexto de alta fragilidad macroeconómica. A continuación, se presenta un análisis de los principales aspectos del esquema y sus posibles consecuencias.

Fortalezas del nuevo régimen

1. Claridad de reglas cambiarias: La definición de bandas cambiarias ($1.000 - $1.400) reemplaza al crawling peg discrecional, aportando previsibilidad. Si bien aún no se trata de un tipo de cambio libre, representa un avance hacia una mayor transparencia.

2. Eliminación del dólar BLEND: La desaparición del esquema que permitía a los exportadores liquidar parte de sus divisas al contado con liquidación (CCL) tiende a homogeneizar el mercado cambiario y reducir arbitrajes.

3. Unificación cambiaria parcial: El sistema avanza hacia un mercado único de cambios. Aunque persisten restricciones para personas jurídicas, se facilita la toma de decisiones de inversión y se reduce la incertidumbre.

4. Disciplina monetaria y acumulación de reservas: El compromiso de alcanzar USD 9.000 millones de reservas netas refuerza el ancla macroeconómica exigida por el FMI. El esquema de intervención entre bandas, sin financiamiento monetario del déficit, apunta a estabilizar expectativas.

5. Normalización del comercio exterior: La regularización de los plazos para pagar importaciones es esencial para recomponer relaciones comerciales y garantizar el abastecimiento de insumos.

Debilidades y riesgos latentes

1. Persistencia del cepo para empresas: A pesar de los avances, las restricciones a la remisión de utilidades continúan. Esto desalienta la inversión extranjera directa y limita el ingreso de capital productivo.

2. Volatilidad cambiaria potencial: La amplitud de las bandas y la promesa de no intervenir dentro de ellas abre la posibilidad a que el dólar se desplace hacia el límite superior, especialmente ante shocks externos o desalineación de expectativas.

3. Esquema de intervención riesgoso: El compromiso de inyectar pesos a $1.000 y retirarlos a $1.400 plantea dudas sobre su eficacia, sobre todo en un contexto inflacionario. El BCRA podría ver afectada su capacidad de anclar expectativas si no logra comprar reservas.

4. Dependencia del financiamiento externo: El acuerdo prevé ingresos por USD 23.000 millones (FMI, organismos internacionales y REPOs) en 2025, pero se proyecta una necesidad adicional de USD 10.000 millones para 2026/27. Persisten vencimientos por USD 46.000 millones, por lo que el esquema sigue dependiendo de nueva deuda.

5. Ausencia de un plan de desarrollo: El enfoque está centrado en lo cambiario y fiscal. No se observan estrategias de crecimiento, reactivación productiva o fortalecimiento del entramado exportador, lo cual podría limitar la sostenibilidad del modelo.

Conclusión

El nuevo esquema acordado con el FMI constituye una señal de normalización y compromiso con la estabilidad macroeconómica. La transición hacia un régimen cambiario más previsible y unificado es una condición necesaria, aunque no suficiente, para recuperar la confianza.

Sin embargo, la fragilidad estructural persiste: la escasa demanda de pesos, la alta dependencia del financiamiento externo, las restricciones al sector privado y la falta de un horizonte productivo limitan las chances de una salida sustentable. Si no se corrigen estos desequilibrios, el riesgo es que este nuevo esquema termine siendo una "tablita" más, con los mismos desenlaces conocidos de la historia económica argentina.

Argentina y el FMI: Un alivio pasajero para un problema estructural

El reciente acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para adelantar 8.000 millones de dólares en el marco del programa de financiamiento por 20.000 millones ha generado expectativas en los mercados. Con reservas netas negativas por 11.000 millones de dólares, este desembolso representa un alivio en términos de liquidez y estabilidad cambiaria. Sin embargo, la pregunta central es si esta medida contribuirá a reducir el Riesgo País de manera sostenible o si simplemente será una corrección temporal en un escenario de alta incertidumbre económica.

¿Baja el Riesgo País?

En el corto plazo, es probable que el Riesgo País registre una disminución moderada. La llegada de estos fondos mejora la capacidad de pago del país, evita una inminente crisis de reservas y puede reducir la presión sobre el dólar. Los bonos argentinos, que se encuentran en niveles históricamente deprimidos, podrían reaccionar positivamente a esta noticia, al menos en un primer impacto.

No obstante, más allá del alivio inmediato, Argentina enfrenta problemas estructurales que no se resuelven con este desembolso. La deuda con el FMI asciende a 45.000 millones de dólares, una carga pesada que condiciona la política económica del país. A esto se suma un dólar oficial claramente retrasado, con un desfasaje estimado en 30%, lo que genera distorsiones en la economía y pone en duda la sustentabilidad del actual esquema cambiario.

El problema del tipo de cambio

El atraso cambiario es una bomba de tiempo. La administración Milei ha optado por mantener el dólar oficial artificialmente bajo para contener la inflación, pero esto tiene costos elevados: la pérdida de competitividad de sectores exportadores, la acumulación de pasivos del Banco Central y el riesgo de un ajuste brusco cuando la brecha cambiaria se haga insostenible. Sin una corrección ordenada, la historia reciente muestra que los desajustes acumulados tienden a resolverse con saltos abruptos en la cotización del dólar, lo que podría generar un nuevo pico de incertidumbre.

Un alivio efímero si no hay cambios estructurales

El adelanto de los fondos del FMI no es más que un paliativo en una economía que sigue sin dar señales claras de recuperación. El superávit fiscal logrado por el gobierno es un paso importante, pero no suficiente. Sin crecimiento económico y sin financiamiento genuino en los mercados internacionales, Argentina seguirá dependiendo de asistencia externa y ajustes constantes para evitar una nueva crisis de deuda.

Para que el Riesgo País baje de forma sostenida, el gobierno necesita demostrar que su programa es viable en el tiempo. Eso implica resolver el problema del atraso cambiario, generar confianza en los mercados y, sobre todo, reactivar la economía. De lo contrario, el alivio de hoy podría ser solo el prólogo de nuevas turbulencias en el futuro cercano.