Seis meses consecutivos de caída en las ventas de combustibles no son un dato menor. Son una señal. Cuando cae el consumo de combustible, muchas veces también se enfría la actividad: se mueve menos la producción, se transportan menos bienes y las familias restringen gastos.
El Gobierno puede exhibir logros importantes en materia macroeconómica. La inflación dejó atrás los niveles explosivos de 2023, el déficit fiscal se redujo y el mercado financiero recuperó parte de la confianza. Pero la política tiene una regla que se repite una y otra vez: las elecciones no se ganan solamente con una macro ordenada. Se ganan cuando la gente siente que vive mejor. Y esa sensación todavía no aparece con la fuerza suficiente. El consumo sigue sin despegar. La construcción continúa mostrando debilidad. Muchos comercios venden menos que hace un año y las pymes siguen enfrentando un escenario complejo. La economía financiera puede mejorar mucho antes que la economía cotidiana. Ese es el verdadero desafío del oficialismo. Si la estabilidad no se transforma en empleo, inversión, salarios que recuperen poder adquisitivo y mayor actividad, el riesgo es que una parte importante de la sociedad deje de valorar el esfuerzo realizado para ordenar las cuentas públicas. No se trata de abandonar la disciplina fiscal ni de volver a recetas que ya fracasaron. Se trata de entender que la macro es una condición necesaria, pero no suficiente. Porque el mercado puede premiar un programa económico. Pero quien finalmente vota no es el mercado. Es la gente. Y la gente vota con el bolsillo, con el empleo y con las expectativas sobre su futuro. La gran incógnita para el Gobierno ya no es si puede mantener estable la macroeconomía. La pregunta es si será capaz de convertir esa estabilidad en bienestar antes de que llegue la próxima elección.Ahora bien, la estabilidad cambiaria observada en los últimos meses no debería interpretarse como señal de llegada. Buena parte de esa calma descansa en un esquema de tasas reales elevadas frente a un tipo de cambio que se ajusta lentamente. Ese equilibrio, más que fortaleza, delata fragilidad: sostiene la nominalidad, pero enfría la actividad y castiga a amplios segmentos del entramado productivo orientado al mercado interno.
Si el objetivo es que 2026 marque un punto de inflexión en términos de crecimiento, la reactivación no puede apoyarse únicamente en el freno inflacionario. Necesita volumen, crédito y circulación monetaria, sin que eso implique volver a una dinámica de desequilibrios. Allí aparece un punto central: la expansión monetaria destinada a fortalecer el balance del Banco Central no es equivalente a financiar déficits. Cuando la emisión tiene como contrapartida reservas, el efecto sobre expectativas y riesgo es radicalmente distinto.
La clave está en la disciplina fiscal. Mientras el sector público cubra sus compromisos —tanto en moneda local como extranjera— sin recurrir al financiamiento monetario, la única fuente de creación de dinero será la compra de divisas. En ese contexto, la mayor liquidez no presiona sobre el dólar: alimenta demanda, crédito y actividad. La monetización deja de ser un problema y pasa a ser parte de la solución.
El problema aparece cuando el sistema se apoya en tasas reales excesivas. Ese nivel de rendimientos no responde a fundamentos productivos, sino a la persistencia de restricciones cambiarias y a la incertidumbre sobre su salida. El resultado es conocido: flujos financieros de corto plazo, atraso relativo del tipo de cambio real y una economía que posterga decisiones de inversión. La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de cómo ese sendero termina en correcciones abruptas.
La salida ordenada exige decisiones de fondo. Un mercado cambiario unificado, sin castigos regulatorios ni amenazas de reversión, permitiría reducir primas de riesgo y alinear tasas domésticas con el costo de capital de una economía en crecimiento. En ese esquema, el crédito puede expandirse sin generar tensiones, y el Banco Central concentrarse en su función principal: administrar liquidez y fortalecer reservas.
También hay un impacto fiscal que no debe subestimarse. Tasas reales altas encarecen el servicio de la deuda en pesos y desplazan recursos que podrían destinarse a infraestructura, logística y competitividad. Sostener la desinflación a fuerza de anclar la moneda termina siendo más costoso que efectivo.
La experiencia reciente —y no tan reciente— muestra que acumular reservas vía arbitrajes financieros es pan para hoy y estrés para mañana. Cuando cambian las condiciones externas o internas, esos flujos se evaporan, el tipo de cambio salta y la credibilidad se resiente. Evitar ese ciclo no requiere ingeniería sofisticada, sino reglas claras: endeudamiento público sin tasa fija en moneda local, plazos más largos y un sistema financiero que asigne crédito según riesgo y no por distorsiones regulatorias.
La normalización cambiaria y financiera no es un complemento de las reformas estructurales: es su condición previa. Con una economía en movimiento, las transformaciones laborales, impositivas y de apertura comercial son políticamente viables y económicamente efectivas. En recesión, se vuelven defensivas y estériles.
En definitiva, la reactivación sostenible no vendrá de exprimir el carry ni de celebrar la quietud del dólar. Vendrá de reconstruir la moneda, bajar el costo del capital y devolverle oxígeno al mercado interno. Las reservas son el punto de partida; la secuencia de políticas es lo que define si esta vez el proceso termina distinto,