LA MACRO ORDENA. LA MICRO VOTA.

Seis meses consecutivos de caída en las ventas de combustibles no son un dato menor. Son una señal. Cuando cae el consumo de combustible, muchas veces también se enfría la actividad: se mueve menos la producción, se transportan menos bienes y las familias restringen gastos.

El Gobierno puede exhibir logros importantes en materia macroeconómica. La inflación dejó atrás los niveles explosivos de 2023, el déficit fiscal se redujo y el mercado financiero recuperó parte de la confianza. Pero la política tiene una regla que se repite una y otra vez: las elecciones no se ganan solamente con una macro ordenada. Se ganan cuando la gente siente que vive mejor. Y esa sensación todavía no aparece con la fuerza suficiente. El consumo sigue sin despegar. La construcción continúa mostrando debilidad. Muchos comercios venden menos que hace un año y las pymes siguen enfrentando un escenario complejo. La economía financiera puede mejorar mucho antes que la economía cotidiana. Ese es el verdadero desafío del oficialismo. Si la estabilidad no se transforma en empleo, inversión, salarios que recuperen poder adquisitivo y mayor actividad, el riesgo es que una parte importante de la sociedad deje de valorar el esfuerzo realizado para ordenar las cuentas públicas. No se trata de abandonar la disciplina fiscal ni de volver a recetas que ya fracasaron. Se trata de entender que la macro es una condición necesaria, pero no suficiente. Porque el mercado puede premiar un programa económico. Pero quien finalmente vota no es el mercado. Es la gente. Y la gente vota con el bolsillo, con el empleo y con las expectativas sobre su futuro. La gran incógnita para el Gobierno ya no es si puede mantener estable la macroeconomía. La pregunta es si será capaz de convertir esa estabilidad en bienestar antes de que llegue la próxima elección.

Inflación reprimida: el costo oculto del dólar barato y la deuda creciente

El relato oficial insiste en que la inflación está derrotada. Pero debajo de esa superficie todavía sobreviven varios desequilibrios que el mercado mira con creciente atención. Porque aunque el Gobierno logró desacelerar los precios respecto del caos heredado, el esquema actual sigue dependiendo de herramientas que, en esencia, son profundamente inflacionarias hacia adelante.

La primera es la deuda. El Tesoro y el Banco Central continúan absorbiendo pesos ofreciendo tasas reales muy elevadas. Eso evita que parte de esos pesos se vuelquen al dólar, pero tiene un costo enorme: se acumulan compromisos financieros cada vez más pesados. Y cuando el Estado paga intereses crecientes para sostener la demanda de pesos, está generando emisión monetaria futura. Cambia el nombre del instrumento, cambia el momento del impacto, pero la presión monetaria sigue existiendo.

La segunda es el dólar artificialmente contenido. El tipo de cambio corre muy por detrás de muchos precios de la economía y de la inflación acumulada. Eso ayuda a moderar el IPC en el corto plazo, pero también genera atraso cambiario, pérdida de competitividad y una sensación de estabilidad que depende más de la intervención financiera y de las tasas que de un equilibrio genuino.

A eso se suma una contradicción difícil de ocultar: mientras se habla de libertad económica y normalización, el cepo para las empresas sigue vigente. Muchas compañías todavía tienen restricciones para acceder libremente al mercado cambiario, girar utilidades o planificar inversiones con previsibilidad. Es decir: el corazón del control cambiario continúa intacto.

Por eso, pensar que la inflación puede ir naturalmente hacia cero bajo este esquema parece, como mínimo, optimista. Lo que hoy existe es una inflación parcialmente reprimida. Tarifas atrasadas, dólar contenido, consumo debilitado y pesos atrapados por tasas altísimas. Pero la historia económica argentina muestra que las distorsiones no desaparecen: se acumulan.

La gran pregunta no es si el modelo logra mostrar algunos meses de inflación baja. La verdadera pregunta es cuánto cuesta sostener artificialmente ese equilibrio y quién termina pagando la factura cuando las tensiones reprimidas finalmente salen a la superficie.