El veto a la movilidad jubilatoria y el veto al financiamiento de las universidades nacionales representan decisiones económicas que, aunque comparten una lógica de ajuste fiscal, tienen consecuencias muy diferentes en términos políticos y sociales. En 2024, el veto a la movilidad permitió un ahorro de 0,5% del PBI, una cifra que crecerá entre 0,5% y 0,7% en 2025. Sin embargo, el veto a las universidades generaría un ahorro significativamente menor, aproximadamente 0,14% del PBI, afectando a un sector de la sociedad que valora profundamente la educación universitaria, a diferencia de los jubilados, cuyo poder político y social es mucho más reducido.
El Congreso, en este caso, apoyó el veto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), gracias a una reconfiguración de apoyos políticos, principalmente del PRO y algunos sectores del radicalismo, quienes cambiaron su postura en cuestión de semanas. Este giro recuerda a las estrategias políticas en el fútbol, donde las divisiones inferiores (en este caso, las universidades) no solo forman jugadores, sino que también son espacios donde prolifera la corrupción.
El financiamiento universitario ha estado bajo la lupa durante años. Mientras que su porcentaje sobre el PBI ha variado, los niveles actuales rondan el 0,7%, con picos en 2015 y 2017. El recorte propuesto impactaría directamente en estudiantes, docentes y trabajadores no docentes, generando un punto de inflexión potencialmente crítico para el gobierno de Javier Milei. A diferencia de los jubilados, la universidad pública es un orgullo social en Argentina, una institución respetada tanto a nivel local como internacional. En este contexto, la UBA, situada entre las mejores universidades de América Latina, es un símbolo de la excelencia educativa argentina, como la selección nacional lo es en el fútbol.
El veto al financiamiento universitario no solo impacta a la clase media, el sector más golpeado por el actual plan económico debido a la inflación que afecta desproporcionadamente su patrón de consumo. También ataca una de las pocas instituciones que la clase media percibe como un beneficio tangible. Para esta clase, cada vez más ahogada por impuestos y servicios públicos deficientes, la educación universitaria es uno de los pocos servicios estatales que sienten que pueden "robarle" al Estado, convirtiendo a la universidad en una suerte de Robin Hood.
El descontento social está creciendo, alimentado por una inflación acumulada que supera ampliamente el promedio en sectores clave como vivienda, salud y transporte. A esto se suma el desgaste político que el gobierno de Milei está experimentando. Si bien ajustar a los jubilados puede tener bajos costos políticos, tocar el sistema universitario es otro cantar. La universidad pública tiene un impacto intertemporal, afectando tanto al presente como al futuro, e involucrando no solo a estudiantes, sino también a la clase política.
En este sentido, el veto universitario podría ser el detonante de un rechazo social y político de mayor envergadura, una movilización de calles y protestas que ni siquiera el ajuste a los jubilados logró provocar. En la esfera política, esta movida podría desencadenar un realineamiento de fuerzas, con sectores del PRO y el radicalismo buscando distanciarse del gobierno de Milei. La frágil coalición gobernante ya está mostrando signos de ruptura interna, y este conflicto podría acelerar el proceso.
En resumen, el veto al financiamiento de las universidades es un ajuste económico que, si bien genera un ahorro limitado, tiene el potencial de desencadenar una crisis política y social de gran magnitud. Mientras el gobierno de Milei sigue apostando a políticas de confrontación, el descontento crece, y el horizonte económico no muestra señales claras de mejora. La clase media, ya castigada por la inflación y la presión fiscal, podría encontrar en este veto el punto de quiebre que transforme el panorama político argentino.
