Uno de los principales logros que el Gobierno exhibe desde el inicio de su gestión es la desaceleración de la inflación. Tras partir de niveles mensuales extraordinarios a fines de 2023, el IPC mostró una tendencia descendente durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025. Sin embargo, detrás de esa dinámica aparecen señales que obligan a mirar el fenómeno con mayor cautela, tanto por la forma en que se mide como por la consistencia del esquema macroeconómico que lo sostiene.
El primer punto crítico es estadístico. El índice de precios al consumidor continúa utilizando ponderaciones de gasto que no reflejan adecuadamente la estructura actual de consumo de los hogares. Servicios esenciales como electricidad, gas, medicamentos y otros gastos rígidos tienen un peso relativamente bajo en el IPC oficial, pese a haber aumentado muy por encima del promedio general en los últimos años. Esto genera dos distorsiones relevantes: por un lado, la inflación medida tiende a subestimar el impacto real del aumento del costo de vida; por otro, el poder adquisitivo de los salarios aparece sobrestimado en las estadísticas oficiales.
Esta cuestión no es menor. Existen ponderaciones alternativas más actualizadas que reflejan mejor el patrón real de gasto de las familias, pero que aún no se aplican en la medición oficial. Cuando se utiliza esa estructura de consumo más realista, la conclusión es clara: la pérdida de poder de compra de los ingresos es sensiblemente mayor a la que muestran los datos difundidos, con implicancias directas sobre consumo, pobreza y bienestar.
El segundo eje a considerar es monetario. La desaceleración inflacionaria no fue lineal. Durante 2025 se observó un punto de inflexión: tras tocar un piso, la inflación dejó de bajar y volvió a acelerarse. Esto coincidió con un período de fuerte expansión del crédito y de los agregados monetarios en términos reales, especialmente entre mediados de 2024 y mediados de 2025. Más pesos y más crédito, en un contexto de expectativas frágiles, terminaron reactivando las presiones inflacionarias.
Recién en los últimos meses se produjo un giro: contracción monetaria real, menor impulso crediticio y un mayor control sobre la cantidad de dinero. En paralelo, el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable. Bajo estas condiciones, comenzaron a aparecer señales incipientes de desaceleración en precios mayoristas y costos de construcción, que históricamente anteceden a una moderación del IPC minorista.
Sin embargo, este sendero está lejos de ser automático o sostenible. Para que la inflación vuelva a bajar se requiere que confluyan simultáneamente varias condiciones difíciles de sostener en el tiempo: estabilidad cambiaria, disciplina monetaria estricta y una demanda de dinero que no se deteriore. En un país con una larga historia de desconfianza hacia la moneda local, apostar a que los pesos se transformen en un activo de ahorro duradero es, como mínimo, arriesgado.
A esto se suma el frente laboral. Los datos más recientes muestran una caída persistente del empleo privado registrado, muy superior a la reducción observada en el sector público. También se destruyeron puestos en el empleo formal de casas particulares. Esta dinámica erosiona la capacidad de recuperación del consumo y limita la posibilidad de que una mejora macroeconómica se traduzca rápidamente en mayor actividad.
El resultado es un esquema que logra resultados positivos solo bajo un conjunto muy específico de condiciones, difíciles de mantener de forma permanente. Mientras el dólar esté contenido, la liquidez restringida y la demanda de dinero no colapse, la inflación puede moderarse. Pero cuando alguna de estas variables se desalinean —algo recurrente en la historia argentina— las tensiones reaparecen con rapidez.
En definitiva, el problema no es solo la inflación actual, sino la fragilidad del mecanismo que permite bajarla. Sin crecimiento sostenido, sin recomposición del empleo privado y sin un ancla de confianza duradera en la moneda, los avances logrados corren el riesgo de ser transitorios. La economía argentina vuelve a enfrentar el desafío de siempre: transformar un alivio coyuntural en un equilibrio estable, algo que hasta ahora sigue pendiente.
