Tasas del 65% para los bancos, veto a los jubilados: el costo político del ajuste sin anestesia

 El Gobierno nacional paga tasas cercanas al 65% para que los bancos le renueven LECAPs y eviten una corrida. En paralelo, veta con la lapicera presidencial un aumento para jubilados y personas con discapacidad. Esa escena, aunque suene brutal, resume el corazón del modelo económico que conduce Javier Milei: un ajuste sin anestesia, sostenido por el sistema financiero y a costa del tejido social más vulnerable.

No hay metáfora ni exageración: mientras los sectores más castigados de la población ven cómo sus ingresos se licúan mes a mes con la inflación, el Estado gasta cada vez más en intereses para refinanciar su deuda en pesos. En términos políticos, el mensaje es claro: primero los bancos, después el resto. En términos económicos, es una estrategia cada vez más difícil de sostener sin consecuencias.

La política monetaria actual se basa en sostener tasas reales altas para evitar una presión cambiaria que desestabilice el esquema. Pero esto tiene un costo colosal. El Tesoro se financia emitiendo deuda en pesos que el mercado solo renueva si es recompensado con rendimientos imposibles de replicar en la economía real. Mientras tanto, el crédito productivo está completamente paralizado, y no hay una sola obra de infraestructura o vivienda en marcha con financiamiento genuino.

La paradoja es evidente: se le paga a los bancos para que no huyan, pero se le niega un ajuste razonable a quienes dependen del Estado para subsistir. En este contexto, el veto a la fórmula previsional sancionada por el Congreso no fue una decisión técnica, sino un gesto ideológico. El Gobierno prefiere arriesgar capital político antes que ceder en su ortodoxia fiscal.

Pero el riesgo no es solo económico. En medio de una recesión profunda, con ingresos desplomados y caída del consumo, este tipo de decisiones alimenta una narrativa peligrosa: la del abandono. La clase media empobrecida, los jubilados, los trabajadores informales y los sectores con discapacidad no pueden esperar un rebote macroeconómico para sobrevivir. Y cada vez más argentinos sienten que el modelo económico no los incluye.

Además, ya cambiamos tres veces de régimen cambiario desde diciembre: primero con cepo estricto, luego con un crawling peg y, más recientemente, con un esquema de flotación administrada dentro de bandas. El tipo de cambio oficial sube al 2% mensual mientras la brecha con los dólares paralelos vuelve a escalar. Esa inestabilidad erosiona la credibilidad del programa económico y debilita cualquier intento de plan de estabilización.

¿Hasta cuándo podrá sostenerse este modelo en el que se subsidia con tasas exorbitantes al sistema financiero, se licúa el gasto social y se posterga a los sectores que no tienen voz en la mesa del poder?

La política económica del Gobierno, en su versión más dura, comienza a mostrar sus límites. La licuación de pasivos sin crecimiento, sin inversión y sin contención social es, además de regresiva, profundamente piantavotos. Y no hay relato libertario que lo maquille.

A seis meses de las elecciones legislativas y con una recesión que aún no tocó piso, la pregunta que crece en la sociedad ya no es si hay que hacer un ajuste, sino quién lo paga.

La ficción del déficit cero: emisión creciente, crédito nulo y el riesgo de una nueva trampa monetaria

La narrativa oficial del Gobierno de Javier Milei sostiene que se ha alcanzado un hito histórico: el equilibrio fiscal. Bajo esta consigna, se presume que se ha eliminado la raíz de todos los males macroeconómicos. Sin embargo, cuando se analizan los datos duros —esos que publica el Banco Central sin adjetivos ni épica—, surge una realidad paralela: el gasto cuasi-fiscal, la expansión monetaria y la emisión de deuda en pesos avanzan a un ritmo alarmante.

Según el informe monetario del BCRA correspondiente a esta semana, la Base Monetaria creció un 97% en los últimos doce meses. El agregado M3, que incluye depósitos y circulante, aumentó un 64% interanual. Y lo más inquietante: en los últimos 30 días, la cantidad de cuasi-pesos (pasivos remunerados, como LECAPs, pases y otros instrumentos) creció un 5,6%. Lejos de detenerse, la máquina de emisión indirecta continúa encendida.

Esta expansión ocurre en un contexto de profunda recesión y sin señales de reactivación del crédito. En ninguna región del país se construye una vivienda financiada con hipoteca. No hay obras de infraestructura en marcha con crédito público o privado. La inversión productiva es nula y las tasas de interés subsidiadas por el propio Estado impiden cualquier intento genuino de financiamiento empresarial.

Este es el núcleo de la contradicción que atraviesa el modelo económico actual: mientras se celebra la “responsabilidad fiscal” en el plano del Tesoro, se encubre un creciente agujero monetario por la vía del Banco Central. El gasto público no desapareció: simplemente mutó de forma y hoy se canaliza hacia el pago de intereses de instrumentos de deuda en pesos, que el mercado apenas puede absorber sin que se dispare la presión cambiaria.

La política monetaria se ha vuelto, en los hechos, una fuente de emisión. Si bien se dejó atrás el mecanismo de financiamiento directo del déficit fiscal vía adelantos transitorios, se ha reemplazado por una expansión de pasivos remunerados que comprometen el futuro del equilibrio buscado. La emisión para pagar intereses de LECAP, sin demanda genuina de pesos ni confianza sostenida, es igual de inflacionaria. Solo está diferida en el tiempo.

Esto, por supuesto, tiene consecuencias. La principal es la creciente tensión cambiaria. Cada peso que se emite sin respaldo en actividad o exportaciones es una presión latente sobre el tipo de cambio. Y si bien el Gobierno sostiene a rajatabla el crawling peg del 2% mensual, el atraso relativo del dólar oficial respecto al resto de los precios ya genera distorsiones. Las brechas se recalientan, el contado con liquidación se despega, y los inversores huelen el humo de una futura corrección.

Además, esta política inhibe completamente cualquier iniciativa de inversión privada. ¿Quién se atrevería a tomar un crédito al 70% anual con inflación que apenas baja al 4% mensual? ¿Qué pyme puede competir con un Estado que paga tasas imposibles para sostener artificialmente su reputación financiera? El resultado es un ecosistema económico sin crédito, sin expansión y sin futuro previsible.

La única inversión que crece es la financiera, especulativa y de corto plazo. El capital apuesta a instrumentos atados a la tasa de política monetaria —LECAPs, fondos comunes, cauciones— pero no a la economía real. Mientras tanto, el Gobierno parece no advertir que su estrategia de "licuadora" vía inflación controlada y tasas negativas no puede sostenerse indefinidamente sin consecuencias.

El Presidente Javier Milei suele decir que la política monetaria debe ser “aséptica”, sin distorsiones. Pero hoy el BCRA emite pesos en cantidades crecientes, no para financiar gasto social o infraestructura, sino para cubrir vencimientos de sus propias deudas. Si esa emisión no se detiene o no se acompaña con un programa consistente de inversión, exportaciones y crédito productivo, la Argentina quedará atrapada en una nueva trampa monetaria. Una que no se soluciona con más relato, sino con coherencia.

La pregunta no es si el equilibrio fiscal es deseable —lo es—, sino si es genuino, sostenible y macroeconómicamente consistente. Por ahora, los datos dicen que no.