La ficción del déficit cero: emisión creciente, crédito nulo y el riesgo de una nueva trampa monetaria

La narrativa oficial del Gobierno de Javier Milei sostiene que se ha alcanzado un hito histórico: el equilibrio fiscal. Bajo esta consigna, se presume que se ha eliminado la raíz de todos los males macroeconómicos. Sin embargo, cuando se analizan los datos duros —esos que publica el Banco Central sin adjetivos ni épica—, surge una realidad paralela: el gasto cuasi-fiscal, la expansión monetaria y la emisión de deuda en pesos avanzan a un ritmo alarmante.

Según el informe monetario del BCRA correspondiente a esta semana, la Base Monetaria creció un 97% en los últimos doce meses. El agregado M3, que incluye depósitos y circulante, aumentó un 64% interanual. Y lo más inquietante: en los últimos 30 días, la cantidad de cuasi-pesos (pasivos remunerados, como LECAPs, pases y otros instrumentos) creció un 5,6%. Lejos de detenerse, la máquina de emisión indirecta continúa encendida.

Esta expansión ocurre en un contexto de profunda recesión y sin señales de reactivación del crédito. En ninguna región del país se construye una vivienda financiada con hipoteca. No hay obras de infraestructura en marcha con crédito público o privado. La inversión productiva es nula y las tasas de interés subsidiadas por el propio Estado impiden cualquier intento genuino de financiamiento empresarial.

Este es el núcleo de la contradicción que atraviesa el modelo económico actual: mientras se celebra la “responsabilidad fiscal” en el plano del Tesoro, se encubre un creciente agujero monetario por la vía del Banco Central. El gasto público no desapareció: simplemente mutó de forma y hoy se canaliza hacia el pago de intereses de instrumentos de deuda en pesos, que el mercado apenas puede absorber sin que se dispare la presión cambiaria.

La política monetaria se ha vuelto, en los hechos, una fuente de emisión. Si bien se dejó atrás el mecanismo de financiamiento directo del déficit fiscal vía adelantos transitorios, se ha reemplazado por una expansión de pasivos remunerados que comprometen el futuro del equilibrio buscado. La emisión para pagar intereses de LECAP, sin demanda genuina de pesos ni confianza sostenida, es igual de inflacionaria. Solo está diferida en el tiempo.

Esto, por supuesto, tiene consecuencias. La principal es la creciente tensión cambiaria. Cada peso que se emite sin respaldo en actividad o exportaciones es una presión latente sobre el tipo de cambio. Y si bien el Gobierno sostiene a rajatabla el crawling peg del 2% mensual, el atraso relativo del dólar oficial respecto al resto de los precios ya genera distorsiones. Las brechas se recalientan, el contado con liquidación se despega, y los inversores huelen el humo de una futura corrección.

Además, esta política inhibe completamente cualquier iniciativa de inversión privada. ¿Quién se atrevería a tomar un crédito al 70% anual con inflación que apenas baja al 4% mensual? ¿Qué pyme puede competir con un Estado que paga tasas imposibles para sostener artificialmente su reputación financiera? El resultado es un ecosistema económico sin crédito, sin expansión y sin futuro previsible.

La única inversión que crece es la financiera, especulativa y de corto plazo. El capital apuesta a instrumentos atados a la tasa de política monetaria —LECAPs, fondos comunes, cauciones— pero no a la economía real. Mientras tanto, el Gobierno parece no advertir que su estrategia de "licuadora" vía inflación controlada y tasas negativas no puede sostenerse indefinidamente sin consecuencias.

El Presidente Javier Milei suele decir que la política monetaria debe ser “aséptica”, sin distorsiones. Pero hoy el BCRA emite pesos en cantidades crecientes, no para financiar gasto social o infraestructura, sino para cubrir vencimientos de sus propias deudas. Si esa emisión no se detiene o no se acompaña con un programa consistente de inversión, exportaciones y crédito productivo, la Argentina quedará atrapada en una nueva trampa monetaria. Una que no se soluciona con más relato, sino con coherencia.

La pregunta no es si el equilibrio fiscal es deseable —lo es—, sino si es genuino, sostenible y macroeconómicamente consistente. Por ahora, los datos dicen que no.

Superávit fiscal: entre el relato y la inconsistencia estructural

El Gobierno nacional insiste en presentar el superávit fiscal como la piedra angular del éxito de su programa económico. Sin embargo, un análisis más detallado de los números oficiales revela que no se trata de una consolidación estructural del equilibrio, sino de un artificio contable sostenido por decisiones excepcionales, con costos sociales y políticos crecientes y una sostenibilidad más que dudosa.

En primer lugar, la aparente consolidación fiscal ignora pasivos clave del Banco Central. Si se capitalizan adecuadamente los intereses de deuda, el déficit financiero asciende hoy al 5,1% del PBI, una cifra comparable a la que heredó el gobierno de Mauricio Macri en 2015. De hecho, incluso el superávit primario, presentado como un logro inédito, se evapora si se consideran gastos mínimos que ya han sido comprometidos, como recomposiciones parciales a jubilaciones, transferencias a discapacitados, transporte, el fondo docente y ATN al conurbano. Reincorporando estos rubros, el resultado primario real se ubicaría en un déficit cercano al 1% del PBI.

El camino seguido hasta ahora responde a una lógica de “licuadora y motosierra”, es decir, licuación por inflación de haberes y subsidios, y recortes abruptos en gastos que afectan principalmente a sectores vulnerables y a las provincias. Pero este tipo de ajuste, además de inequitativo, es insostenible en el tiempo: genera tensiones sociales crecientes, compromete servicios esenciales como salud, educación y justicia, y erosiona el capital político del gobierno en tiempo récord.

Más preocupante aún es el enfoque institucional adoptado. El Gobierno ha avanzado en recortes de transferencias automáticas que comprometen el piso mínimo garantizado de coparticipación federal. Además, ha centralizado los recursos del Tesoro Nacional mediante un manejo discrecional de los ATN, sin criterios claros ni consenso con los mandatarios provinciales. Este accionar debilita el pacto federal, alimenta el conflicto entre Nación y provincias, y alienta una deriva centralista que vulnera las bases mismas del sistema constitucional argentino.

Algunos sectores del mercado han convalidado esta estrategia bajo el argumento de que cualquier forma de ajuste es preferible a la inercia fiscal. Pero la historia económica argentina demuestra que los equilibrios fiscales frágiles y socialmente regresivos no duran. El superávit no puede construirse sobre la base de la parálisis institucional ni del deterioro democrático. Y menos aún puede ser festejado mientras crece la pobreza, se destruyen los ingresos reales y se asfixia a los gobiernos subnacionales.

En definitiva, el supuesto orden fiscal es más bien una ilusión estadística que esconde una dinámica insustentable en el tiempo. Lejos de consolidar la estabilidad macroeconómica, esta estrategia puede derivar en una nueva etapa de conflictividad política, deterioro institucional y crisis de gobernabilidad.

El verdadero desafío no es alcanzar un superávit a cualquier costo, sino construir una senda de equilibrio duradero, con legitimidad política, solidez técnica y justicia distributiva. Lo demás es relato.