El presidente Javier Milei sorprendió al asistir al Congreso Nacional para presentar el proyecto de presupuesto 2025, siendo el primer mandatario en hacerlo personalmente. Este acto revela que los lineamientos principales del presupuesto provienen directamente de la máxima autoridad del Ejecutivo, en un esfuerzo por consolidar su impronta en la política económica del país. Este presupuesto es particularmente relevante por su enfoque en una supuesta regla de equilibrio fiscal que se presenta como el pilar central de la política fiscal futura.
El artículo 1 del proyecto establece que el Sector Público Nacional deberá mantener un resultado financiero equilibrado o superavitario desde 2025 en adelante. Ante cualquier desvío en los ingresos que ponga en peligro este equilibrio, el gasto deberá ajustarse proporcionalmente. Sin embargo, esta regla fiscal, aunque eficiente y clara en su formulación, adolece de problemas clave que podrían socavar su sostenibilidad en el largo plazo.
Virtudes y carencias de la regla fiscal
Entre las características que destacan, la regla es eficiente, sencilla, precisa y transparente, lo que facilita su comprensión y aplicación en el corto plazo. Además, busca institucionalizarse al incluirse tanto en la Ley de Presupuesto 2025 como en la Ley de Administración Financiera, otorgándole un marco legal más sólido. Sin embargo, hay falencias significativas. La regla no es robusta, ya que su cumplimiento depende de un contexto macroeconómico favorable, particularmente en términos de nivel de actividad y recaudación. Esto significa que, en caso de una caída en los ingresos, el ajuste del gasto discrecional tiene límites, lo que podría poner en riesgo la estabilidad fiscal.
Otro problema es la falta de institucionalidad plena. No se especifica claramente quién será el responsable de hacer cumplir la regla ni cuáles serán las sanciones por incumplimiento. Esta indefinición otorga una gran discrecionalidad al Poder Ejecutivo, lo que podría facilitar ajustes oportunistas según las necesidades políticas del momento. En resumen, el cumplimiento de esta regla fiscal dependerá más de la voluntad política que de un marco jurídico sólido.
El peso de la deuda y el ajuste social
Una de las principales consecuencias del proyecto de presupuesto 2025 es que los intereses de la deuda se convierten en el factor dominante del gasto público, dictando la necesidad de un superávit primario. Esto significa que el gasto primario, dividido en gasto fijo (jubilaciones, AUH, etc.) y gasto discrecional (subsidios, salarios, obra pública), quedará limitado por la carga del servicio de la deuda. Si los recursos son sobreestimados, el ajuste recaerá sobre áreas sensibles como la defensa, la seguridad, la educación universitaria y las transferencias a provincias.
Además, si la inflación o la devaluación aumentan más de lo proyectado, el pago de intereses crecerá, exigiendo nuevos ajustes en el gasto primario. La alternativa a este ajuste sería incrementar la fiscalización y ampliar la base impositiva, lo que podría implicar nuevas cargas impositivas para los ciudadanos. En este escenario, el equilibrio fiscal no se "toca", pero los ciudadanos sí, quienes podrían recibir menos bienes y servicios públicos a cambio de los mismos o mayores impuestos.
Inconsistencias macroeconómicas y sobreestimaciones de ingresos
El presupuesto plurianual 2025-2027 asume una baja irrealista en la inflación y un tipo de cambio estable, algo difícil de sostener dada la expansión monetaria reciente. Esta expansión monetaria, combinada con la continuidad del CEPO cambiario, alimenta presiones inflacionarias y devaluatorias que pondrán en jaque las proyecciones del gobierno. Además, las proyecciones de crecimiento del PBI, que se espera que alcance un +5,2% anual en los próximos tres años, parecen excesivamente optimistas. Si estos supuestos no se cumplen, los ingresos fiscales serán menores de lo esperado, obligando a un ajuste aún mayor del gasto.
De hecho, el presupuesto proyecta un incremento de los ingresos corrientes del +34,5%, basado principalmente en los derechos de exportación e importación. Sin embargo, este crecimiento no parece consistente con las proyecciones de exportaciones e importaciones, ni con los precios internacionales de los commodities argentinos. La eliminación del impuesto PAIS también plantea desafíos para el dólar tarjeta y las reservas del Banco Central, poniendo más presión sobre la política cambiaria del gobierno.
Conclusión
El presupuesto 2025 de Javier Milei enfrenta serias dificultades para cumplir con su objetivo de equilibrio fiscal sin provocar un ajuste social significativo. La falta de robustez y de institucionalidad de la regla fiscal, sumada a proyecciones macroeconómicas optimistas y poco realistas, aumenta el riesgo de que el ajuste recaiga sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. En última instancia, este presupuesto parece priorizar el pago de intereses de deuda sobre las necesidades básicas de los ciudadanos, lo que podría generar tensiones sociales y políticas a medida que el país avanza hacia 2025.
