Tasas del 65% para los bancos, veto a los jubilados: el costo político del ajuste sin anestesia

 El Gobierno nacional paga tasas cercanas al 65% para que los bancos le renueven LECAPs y eviten una corrida. En paralelo, veta con la lapicera presidencial un aumento para jubilados y personas con discapacidad. Esa escena, aunque suene brutal, resume el corazón del modelo económico que conduce Javier Milei: un ajuste sin anestesia, sostenido por el sistema financiero y a costa del tejido social más vulnerable.

No hay metáfora ni exageración: mientras los sectores más castigados de la población ven cómo sus ingresos se licúan mes a mes con la inflación, el Estado gasta cada vez más en intereses para refinanciar su deuda en pesos. En términos políticos, el mensaje es claro: primero los bancos, después el resto. En términos económicos, es una estrategia cada vez más difícil de sostener sin consecuencias.

La política monetaria actual se basa en sostener tasas reales altas para evitar una presión cambiaria que desestabilice el esquema. Pero esto tiene un costo colosal. El Tesoro se financia emitiendo deuda en pesos que el mercado solo renueva si es recompensado con rendimientos imposibles de replicar en la economía real. Mientras tanto, el crédito productivo está completamente paralizado, y no hay una sola obra de infraestructura o vivienda en marcha con financiamiento genuino.

La paradoja es evidente: se le paga a los bancos para que no huyan, pero se le niega un ajuste razonable a quienes dependen del Estado para subsistir. En este contexto, el veto a la fórmula previsional sancionada por el Congreso no fue una decisión técnica, sino un gesto ideológico. El Gobierno prefiere arriesgar capital político antes que ceder en su ortodoxia fiscal.

Pero el riesgo no es solo económico. En medio de una recesión profunda, con ingresos desplomados y caída del consumo, este tipo de decisiones alimenta una narrativa peligrosa: la del abandono. La clase media empobrecida, los jubilados, los trabajadores informales y los sectores con discapacidad no pueden esperar un rebote macroeconómico para sobrevivir. Y cada vez más argentinos sienten que el modelo económico no los incluye.

Además, ya cambiamos tres veces de régimen cambiario desde diciembre: primero con cepo estricto, luego con un crawling peg y, más recientemente, con un esquema de flotación administrada dentro de bandas. El tipo de cambio oficial sube al 2% mensual mientras la brecha con los dólares paralelos vuelve a escalar. Esa inestabilidad erosiona la credibilidad del programa económico y debilita cualquier intento de plan de estabilización.

¿Hasta cuándo podrá sostenerse este modelo en el que se subsidia con tasas exorbitantes al sistema financiero, se licúa el gasto social y se posterga a los sectores que no tienen voz en la mesa del poder?

La política económica del Gobierno, en su versión más dura, comienza a mostrar sus límites. La licuación de pasivos sin crecimiento, sin inversión y sin contención social es, además de regresiva, profundamente piantavotos. Y no hay relato libertario que lo maquille.

A seis meses de las elecciones legislativas y con una recesión que aún no tocó piso, la pregunta que crece en la sociedad ya no es si hay que hacer un ajuste, sino quién lo paga.

La ficción del déficit cero: emisión creciente, crédito nulo y el riesgo de una nueva trampa monetaria

La narrativa oficial del Gobierno de Javier Milei sostiene que se ha alcanzado un hito histórico: el equilibrio fiscal. Bajo esta consigna, se presume que se ha eliminado la raíz de todos los males macroeconómicos. Sin embargo, cuando se analizan los datos duros —esos que publica el Banco Central sin adjetivos ni épica—, surge una realidad paralela: el gasto cuasi-fiscal, la expansión monetaria y la emisión de deuda en pesos avanzan a un ritmo alarmante.

Según el informe monetario del BCRA correspondiente a esta semana, la Base Monetaria creció un 97% en los últimos doce meses. El agregado M3, que incluye depósitos y circulante, aumentó un 64% interanual. Y lo más inquietante: en los últimos 30 días, la cantidad de cuasi-pesos (pasivos remunerados, como LECAPs, pases y otros instrumentos) creció un 5,6%. Lejos de detenerse, la máquina de emisión indirecta continúa encendida.

Esta expansión ocurre en un contexto de profunda recesión y sin señales de reactivación del crédito. En ninguna región del país se construye una vivienda financiada con hipoteca. No hay obras de infraestructura en marcha con crédito público o privado. La inversión productiva es nula y las tasas de interés subsidiadas por el propio Estado impiden cualquier intento genuino de financiamiento empresarial.

Este es el núcleo de la contradicción que atraviesa el modelo económico actual: mientras se celebra la “responsabilidad fiscal” en el plano del Tesoro, se encubre un creciente agujero monetario por la vía del Banco Central. El gasto público no desapareció: simplemente mutó de forma y hoy se canaliza hacia el pago de intereses de instrumentos de deuda en pesos, que el mercado apenas puede absorber sin que se dispare la presión cambiaria.

La política monetaria se ha vuelto, en los hechos, una fuente de emisión. Si bien se dejó atrás el mecanismo de financiamiento directo del déficit fiscal vía adelantos transitorios, se ha reemplazado por una expansión de pasivos remunerados que comprometen el futuro del equilibrio buscado. La emisión para pagar intereses de LECAP, sin demanda genuina de pesos ni confianza sostenida, es igual de inflacionaria. Solo está diferida en el tiempo.

Esto, por supuesto, tiene consecuencias. La principal es la creciente tensión cambiaria. Cada peso que se emite sin respaldo en actividad o exportaciones es una presión latente sobre el tipo de cambio. Y si bien el Gobierno sostiene a rajatabla el crawling peg del 2% mensual, el atraso relativo del dólar oficial respecto al resto de los precios ya genera distorsiones. Las brechas se recalientan, el contado con liquidación se despega, y los inversores huelen el humo de una futura corrección.

Además, esta política inhibe completamente cualquier iniciativa de inversión privada. ¿Quién se atrevería a tomar un crédito al 70% anual con inflación que apenas baja al 4% mensual? ¿Qué pyme puede competir con un Estado que paga tasas imposibles para sostener artificialmente su reputación financiera? El resultado es un ecosistema económico sin crédito, sin expansión y sin futuro previsible.

La única inversión que crece es la financiera, especulativa y de corto plazo. El capital apuesta a instrumentos atados a la tasa de política monetaria —LECAPs, fondos comunes, cauciones— pero no a la economía real. Mientras tanto, el Gobierno parece no advertir que su estrategia de "licuadora" vía inflación controlada y tasas negativas no puede sostenerse indefinidamente sin consecuencias.

El Presidente Javier Milei suele decir que la política monetaria debe ser “aséptica”, sin distorsiones. Pero hoy el BCRA emite pesos en cantidades crecientes, no para financiar gasto social o infraestructura, sino para cubrir vencimientos de sus propias deudas. Si esa emisión no se detiene o no se acompaña con un programa consistente de inversión, exportaciones y crédito productivo, la Argentina quedará atrapada en una nueva trampa monetaria. Una que no se soluciona con más relato, sino con coherencia.

La pregunta no es si el equilibrio fiscal es deseable —lo es—, sino si es genuino, sostenible y macroeconómicamente consistente. Por ahora, los datos dicen que no.

Superávit fiscal: entre el relato y la inconsistencia estructural

El Gobierno nacional insiste en presentar el superávit fiscal como la piedra angular del éxito de su programa económico. Sin embargo, un análisis más detallado de los números oficiales revela que no se trata de una consolidación estructural del equilibrio, sino de un artificio contable sostenido por decisiones excepcionales, con costos sociales y políticos crecientes y una sostenibilidad más que dudosa.

En primer lugar, la aparente consolidación fiscal ignora pasivos clave del Banco Central. Si se capitalizan adecuadamente los intereses de deuda, el déficit financiero asciende hoy al 5,1% del PBI, una cifra comparable a la que heredó el gobierno de Mauricio Macri en 2015. De hecho, incluso el superávit primario, presentado como un logro inédito, se evapora si se consideran gastos mínimos que ya han sido comprometidos, como recomposiciones parciales a jubilaciones, transferencias a discapacitados, transporte, el fondo docente y ATN al conurbano. Reincorporando estos rubros, el resultado primario real se ubicaría en un déficit cercano al 1% del PBI.

El camino seguido hasta ahora responde a una lógica de “licuadora y motosierra”, es decir, licuación por inflación de haberes y subsidios, y recortes abruptos en gastos que afectan principalmente a sectores vulnerables y a las provincias. Pero este tipo de ajuste, además de inequitativo, es insostenible en el tiempo: genera tensiones sociales crecientes, compromete servicios esenciales como salud, educación y justicia, y erosiona el capital político del gobierno en tiempo récord.

Más preocupante aún es el enfoque institucional adoptado. El Gobierno ha avanzado en recortes de transferencias automáticas que comprometen el piso mínimo garantizado de coparticipación federal. Además, ha centralizado los recursos del Tesoro Nacional mediante un manejo discrecional de los ATN, sin criterios claros ni consenso con los mandatarios provinciales. Este accionar debilita el pacto federal, alimenta el conflicto entre Nación y provincias, y alienta una deriva centralista que vulnera las bases mismas del sistema constitucional argentino.

Algunos sectores del mercado han convalidado esta estrategia bajo el argumento de que cualquier forma de ajuste es preferible a la inercia fiscal. Pero la historia económica argentina demuestra que los equilibrios fiscales frágiles y socialmente regresivos no duran. El superávit no puede construirse sobre la base de la parálisis institucional ni del deterioro democrático. Y menos aún puede ser festejado mientras crece la pobreza, se destruyen los ingresos reales y se asfixia a los gobiernos subnacionales.

En definitiva, el supuesto orden fiscal es más bien una ilusión estadística que esconde una dinámica insustentable en el tiempo. Lejos de consolidar la estabilidad macroeconómica, esta estrategia puede derivar en una nueva etapa de conflictividad política, deterioro institucional y crisis de gobernabilidad.

El verdadero desafío no es alcanzar un superávit a cualquier costo, sino construir una senda de equilibrio duradero, con legitimidad política, solidez técnica y justicia distributiva. Lo demás es relato. 

El espejismo del superávit: Milei, ajuste y un futuro fiscal insostenible

En el centro del discurso del gobierno de Javier Milei está el superávit fiscal. Lo presenta como un logro irrefutable, una muestra de “orden” y “seriedad” que marcaría un cambio de era. Sin embargo, cuando se analizan los datos con rigor y se observan las cuentas en profundidad, aparece otro escenario: el superávit no sólo es frágil, sino que es dinámica y estructuralmente insostenible.

Pongamos el dedo en la llaga: si se contabilizan correctamente todos los intereses capitalizados de la deuda, el resultado financiero del Estado Nacional es hoy similar al que dejó el gobierno de Cristina Fernández en 2015. El déficit real ronda el 5,1% del PBI. Es decir, el ajuste fiscal de Milei, lejos de haber resuelto el problema, sólo reorganizó las partidas para mostrar una foto de orden que se sostiene con alambre.

Este “logro fiscal” se asienta sobre tres pilares: postergación de pagos, recorte brutal del gasto social y una contabilidad creativa que omite los pasivos no devengados del Banco Central. Pero sobre todo, lo más alarmante es que, tal como lo hizo la convertibilidad en los '90, este esquema carece de sustentabilidad política y social. El ajuste es regresivo, recae sobre jubilados, docentes, universidades, hospitales, provincias y trabajadores. La base de sustentación electoral del gobierno se achica a medida que el deterioro se profundiza.

El problema, sin embargo, no es sólo técnico. Es también político. En un país federal como Argentina, donde la Constitución establece que los recursos tributarios deben repartirse equitativamente, el incumplimiento del piso mínimo legal de coparticipación y el manejo discrecional del ATN son una bomba de tiempo institucional. A esto se suma una tensión creciente con las provincias, que ya no son recibidas en Balcarce 50 y que han perdido acceso a fondos esenciales para pagar sueldos y mantener servicios básicos.

A futuro, si se aplicaran los proyectos ya anunciados —mejoras a jubilados, moratoria previsional, aumentos por discapacidad, reinstauración del bono, restitución del Fondo Compensador al Transporte y del Fondo del Conurbano, entre otros— el superávit primario actual se convertiría en un déficit primario del 1% del PBI. Es decir, todo lo ganado con el ajuste se evaporaría en cuestión de meses.

El propio Milei ha dicho que vetará cualquier ley que implique gasto. Pero eso no resuelve el problema estructural: gobernar sin mayoría legislativa, enfrentado con las provincias y con un nivel de conflictividad social creciente, torna políticamente inviable el sostenimiento de este ajuste a lo largo del tiempo.

Lo más grave no es que el ajuste vaya a fracasar —eso es casi inevitable si se mantiene esta arquitectura— sino que una parte importante del mercado y del electorado “quiere” creer que este esquema es sostenible, aunque la realidad fiscal, institucional y política muestre lo contrario. Finjen demencia pora varias razones.

En definitiva, el ajuste de Milei no es el punto de llegada de una estrategia fiscal coherente, sino un experimento forzado por el mercado y sostenido por la fe más que por los números. Como toda ilusión, puede durar un tiempo. Pero cuando se apague el espejismo, lo que quedará será un Estado más débil, una sociedad más empobrecida y un sistema político más tensionado. 

¿Quién votará a Milei en octubre?

 A pocos meses de las elecciones, una pregunta comienza a repetirse en voz baja —y cada vez más en voz alta— en los cafés, en los taxis, en los grupos de WhatsApp, en los estudios de televisión: ¿quién va a votar a Milei en octubre?

La pregunta no nace del capricho ni del prejuicio, sino de la simple observación de una realidad que golpea con fuerza. Los jubilados han visto licuar sus haberes a niveles humillantes. Los docentes, sostén de cualquier proyecto de país, trabajan por salarios que no alcanzan ni para una vida modesta. Las universidades están asfixiadas. El Garrahan, símbolo de excelencia en salud infantil, advierte que no puede sostenerse. La obra pública está completamente frenada, y con ella, miles de puestos de trabajo.

El entramado de pequeñas y medianas empresas se desmorona bajo el peso de la recesión. El desempleo formal crece, y el informal exige más horas para apenas sobrevivir. Al mismo tiempo, aumentan los niveles de morosidad en tarjetas y créditos personales, ahogados por tasas de interés impagables. El consumo se desploma. No hay crédito, no hay inversión, no hay horizonte.

En este contexto, el gobierno exhibe un único trofeo: la desaceleración inflacionaria. Pero lo hace a un costo altísimo, con una sociedad exhausta y una economía que se enfría a pasos acelerados. Y con un detalle que no puede pasarse por alto: Argentina es hoy un país carísimo en dólares. Lo que aquí cuesta 10, en países vecinos cuesta 5. Es la consecuencia de un tipo de cambio artificialmente bajo combinado con precios internos dolarizados. Un cóctel peligroso para la producción, el empleo y la competitividad.

En lo social, Milei ha confrontado con casi todos: insultó a artistas y referentes culturales, menospreció a periodistas, se burló de la comunidad LGBT+, ignoró a las organizaciones sociales y descalificó a economistas de todos los colores que no piensan como él. Más que un presidente, parece un tuitero en guerra con el país que gobierna.

El caso de la Ciudad de Buenos Aires es revelador. Bastión histórico del voto liberal, donde el discurso antipolítica suele hacer pie con facilidad, el oficialismo apenas cosechó el 30% en las últimas elecciones. Incluso allí, en la ciudad que muchos definen como “la más gorila del país”, el 70% eligió otra cosa.

La situación empieza a recordar, cada vez con más nitidez, al final de los años noventa: ajuste tras ajuste, cierre de fábricas, caída del salario real, promesas de “sacrificio necesario” y un Estado que se retira de sus funciones esenciales. Aquella película terminó como todos sabemos: con una crisis brutal, estallido social y vacío de poder.

Hoy, como entonces, el discurso de la motosierra suena eficaz en el corto plazo, pero detrás deja tierra arrasada. La diferencia es que esta vez la sociedad parece estar despertando más rápido.

Y por eso, mientras el gobierno se aferra al miedo como única herramienta electoral, una pregunta crece con fuerza y sin respuesta clara:

¿Quién votará a Milei en octubre?

Dólares del colchón, presión en el Congreso y un Riesgo País que no afloja

 La economía argentina está entrando en una nueva fase de tensión silenciosa, de esas que no estallan pero erosionan. El combo es complejo: la reciente aprobación en el Congreso de una fórmula de movilidad jubilatoria más generosa —que obligará al Gobierno a estirar el gasto social— no solo golpea las cuentas públicas, sino que lo hace en el peor momento político posible: plena campaña para el balotaje legislativo de 2025, donde el oficialismo juega buena parte de su capital.

Mientras tanto, el mercado empieza a tomar nota. Los dólares financieros operan firmes en el centro de la banda y el Banco Central no logra recomponer reservas, ni siquiera con el súper cepo vigente. La inversión extranjera directa brilla por su ausencia, y salvo los flujos puntuales hacia los Bontes 2030, la economía real no recibe señales de confianza sostenida desde afuera. Resultado: el Riesgo País vuelve a mirar los 700 puntos básicos, zona de alerta en cualquier manual de economía emergente.

Pero hay más: en paralelo, la economía doméstica se desangra por dentro. La mora en tarjetas de crédito y préstamos personales sube de forma silenciosa pero persistente. Las PyMEs sufren embargos judiciales por deudas impositivas o bancarias, en un contexto donde la actividad no repunta y los planes de pago ya no alcanzan.

La señal de Caputo: ¿confianza o desesperación?

En este marco, apareció el anuncio de Luis Caputo: los dólares del colchón pueden usarse sin temor, que el Estado no va a mirar. En otras palabras: si tenés billetes guardados, gastalos, invertilos o sacalos a la calle. No habrá preguntas ni consecuencias.

¿Es una señal de confianza o de desesperación? El mensaje puede interpretarse como un intento pragmático por mover ahorros paralizados y activar el consumo, pero también como un síntoma de que la Argentina no consigue dólares genuinos por el canal financiero externo. En lugar de atraer capitales, le habla a sus propios ciudadanos como última fuente de financiamiento.

En términos simbólicos, no es menor: cuando el Estado libera al evasor mientras sube la presión sobre el que cumple, lo que está en juego es algo más que la recaudación. Es la arquitectura del sistema.

Tiempo de definiciones

El oficialismo empieza a chocar con sus propios límites discursivos. El ajuste sin plan de estabilización, la libertad sin reglas claras, y el orden fiscal sin ancla monetaria ni crédito externo empiezan a generar tensiones dentro y fuera del gobierno. Mientras tanto, la oposición ve una ventana para forzar cambios que tensen la hoja de ruta del Ejecutivo, sin asumir el costo del desmadre.

En los próximos meses, la política dejará de ser espectadora para convertirse en protagonista del rumbo económico. Y si no hay capacidad de negociación, ni generación de confianza ni ingresos de capital genuino, el Gobierno tendrá que elegir entre ajustar más o sincerar su discurso.

Por ahora, el colchón sigue sosteniendo. Pero el colchón no es eterno. Y menos aún, confiable.

LA ARGENTINA FERNET 70/30

Un cóctel de desequilibrio macroeconómico, dólar atrasado, inflación persistente y deterioro social

El actual modelo económico argentino presenta una estructura tan desbalanceada como el trago que da nombre a esta editorial. En un país donde el 30% de la población accede a beneficios, arbitrajes o sectores dinámicos —como el agro, la energía o las finanzas—, y el restante 70% apenas sobrevive entre sueldos licuados, inflación persistente y creciente informalidad laboral, el cóctel que se sirve parece diseñado para llegar a octubre con el dólar planchado y la inflación reprimida, pero a costa de profundos daños estructurales.

Reservas netas negativas y un Banco Central ausente

Mientras el campo avanza con su liquidación estacional, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sorprende al mercado con una estrategia de no acumulación de reservas. En lo que debería ser la temporada alta de ingreso de divisas —por la cosecha gruesa de soja y maíz—, la autoridad monetaria ha optado por quedarse al margen del MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), bajo la hipótesis de que en junio el Fondo Monetario Internacional concederá un Waiver por incumplimiento de metas.

Sin embargo, las reservas netas siguen en terreno negativo, estimadas en -3400 millones de dólares, un nivel crítico que mina la credibilidad de la política cambiaria y monetaria. Mientras tanto, las reservas brutas se sostienen con swaps con China, préstamos de organismos multilaterales y encajes de depósitos en dólares, pero sin capacidad efectiva de intervención.

Los agentes económicos desconfían: perciben que el Gobierno estira la mecha de un programa transitorio, basado en el atraso cambiario, controles laxos y un ajuste fiscal feroz.

El 30% que accede al “dólar de privilegio”

En este esquema, un 30% de los consumidores y operadores económicos accede —de forma directa o indirecta— a una especie de dólar oficial de privilegio, ya sea por importaciones, gastos autorizados en el exterior o mecanismos financieros grises que permiten "escupir" dólares sin grandes restricciones. Muchas de estas operatorias bordean la ilegalidad o se amparan en fallas deliberadas de los organismos de control, que eligen mirar hacia otro lado.

Este segmento se mueve en un entorno que le permite mantener márgenes, cubrirse contra la inflación o realizar arbitrajes legales o semilegales, profundizando la brecha con el 70% restante.

Paritarias y salarios: una carrera perdida

Mientras tanto, el grueso de la población enfrenta paritarias por debajo de la inflación. En los últimos meses, los acuerdos salariales se ubican mayormente en torno al 1% mensual, mientras la inflación núcleo ronda el 2.5% promedio, con alimentos creciendo por encima del IPC general.

Esta licuación sistemática del poder adquisitivo forma parte de la estrategia desinflacionaria: enfriar la economía, frenar la indexación y recomponer los márgenes empresariales. Pero el costo es socialmente insostenible.

Hoy, 7 de cada 10 trabajadores no llegan a fin de mes, el empleo informal crece, y los datos del INDEC reflejan una caída interanual de la masa salarial real, tanto en el sector privado como público.

Una actividad dual: crecimiento sin empleo

La actividad económica muestra una clara segmentación. El 30% del PBI que responde a sectores como el agro, el gas, el petróleo y la minería muestra dinamismo gracias a precios internacionales, inversiones específicas (como Vaca Muerta o el litio), y bajos costos en dólares.

Pero son sectores capital-intensivos, con bajo impacto en el empleo. El otro 70% —industria manufacturera, comercio, construcción, servicios— muestra caída en ventas, cierres de PYMEs y despidos silenciosos. Según datos del EMAE, la actividad cayó un 5.3% interanual en marzo, con derrumbes en industria (-19.6%) y construcción (-29.9%).

Atraso cambiario e importaciones abiertas: ¿modelo sostenible?

El Gobierno apuesta todo a un tipo de cambio ultra atrasado —el oficial crece al 2% mensual, contra inflación de 2.5%-3%— como ancla nominal para frenar la inflación, en un contexto de tasas reales fuertemente negativas y liberalización de importaciones.

Esta combinación genera un triple efecto nocivo:

1. Pierde competitividad exportadora: los exportadores liquidan lo mínimo indispensable para cubrir gastos operativos.

2. Fomenta importaciones: sin una administración eficiente del comercio, se generan déficits sectoriales crecientes.

3. Destruye empleo: al competir en condiciones desiguales con bienes importados baratos, muchas industrias reducen turnos o directamente cierran.

La reciente aceleración de importaciones no responde a reactivación, sino a arbitrajes ante la expectativa de devaluación posterior a las elecciones.

El plan: ganar tiempo hasta octubre

Todo indica que el plan actual tiene un solo objetivo: llegar competitivo a octubre. Para ello, se apuesta al ancla cambiaria, al ajuste fiscal vía licuación del gasto, a tarifas contenidas y a una pax cambiaria transitoria, que no es gratis ni sostenible.

Pero ¿cómo votará ese 70% que queda fuera del reparto? ¿Cuál será la reacción de los desocupados, de los asalariados informales, de los jubilados con haberes mínimos?

Una sociedad que ya no cree

A este escenario se suma un componente político fundamental: la apatía del votante. Las últimas elecciones provinciales y municipales reflejan una participación en caída y un creciente desencanto. La polarización vacía de contenido y la falta de respuestas tangibles a los problemas cotidianos minan la legitimidad del sistema.

El riesgo no es solo económico. Es social y político.

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Conclusión

La Argentina Fernet 70/30 es un reflejo crudo de un país en desequilibrio. El plan económico actual puede tener efectos transitorios sobre la inflación, pero su costo en términos de reservas, empleo, productividad y confianza es altísimo. Si no se replantean sus fundamentos, el precio a pagar después de octubre puede ser mucho mayor.

¿De qué sirve ganar tiempo si se pierde el rumbo? De un proyecto de país pasamos a un proyecto de poder, y eso nunca termina bien. 

Marcelo Trovato

Argentina 2025 y Chile 1982: Ecos de una crisis pasada

La historia económica suele repetirse, aunque con distintos protagonistas. La crisis chilena de 1982, ocurrida en pleno experimento neoliberal de los “Chicago Boys” bajo la dictadura de Pinochet, ofrece paralelismos inquietantes con la actual situación argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Aunque los contextos históricos, institucionales y sociales son distintos, algunas semejanzas estructurales permiten trazar un análisis comparativo que puede ayudar a anticipar riesgos futuros.

Semejanzas

1. Ortodoxia ideológica inflexible

   • Chile aplicó un modelo de apertura financiera total, desregulación extrema y tipo de cambio fijo. Argentina, bajo Milei, avanza hacia una dolarización de facto, achicamiento del Estado, liberalización comercial y financiera, y priorización del "equilibrio fiscal" como ancla moral y política.

2. Apreciación cambiaria artificial

   • En ambos casos, los gobiernos utilizaron un tipo de cambio anclado artificialmente como ancla nominal contra la inflación. En 1982, Chile fijó el dólar a 39 pesos; hoy en Argentina, Milei mantiene el dólar libre planchado vía endeudamiento externo, a costa de evitar un sinceramiento cambiario.

3. Endeudamiento externo funcional

   • En lugar de fortalecer el balance del Banco Central, el gobierno argentino toma deuda (FMI y otros organismos) para evitar que se dispare la brecha cambiaria. Lo mismo hizo Chile, que mantuvo su modelo importador-consumista vía ingreso de capitales y deuda externa hasta que el crédito externo se cortó abruptamente.

4. Ausencia de red de contención social

   • Tanto en Chile del ‘82 como en la Argentina actual, el modelo se aplica sin amortiguadores sociales robustos. En el caso argentino, la licuación del gasto público no distingue entre privilegios e imprescindibles, afectando jubilaciones, salud y educación.

Diferencias clave

1. Democracia vs dictadura

   • A diferencia de Chile, la Argentina de hoy opera en democracia. Este es un límite estructural importante: el ajuste tiene consecuencias sociales y políticas que pueden volverse ingobernables electoralmente.

2. Sistema financiero más regulado

   • En 1982, Chile había desregulado su sistema bancario por completo, lo que provocó un colapso masivo. Argentina hoy tiene una banca más pequeña, más regulada y con menor exposición externa.

3. Red global de contención

   • A pesar de las tensiones, Argentina cuenta con cierta asistencia multilateral (FMI, BID, CAF), algo que en 1982 no existía con la misma dinámica. Sin embargo, este apoyo tiene límites, y puede desaparecer si el rumbo se percibe como insostenible o estancado.

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¿Qué puede pasar en Argentina?

Si el gobierno insiste en sostener el ancla cambiaria a cualquier costo y posterga una reforma estructural del sistema productivo y financiero, los riesgos son claros:

• Crisis de deuda externa: si se agota el crédito y no hay ingreso genuino de dólares (por exportaciones, inversión o superávit genuino), el modelo se queda sin nafta.

• Estallido social o político: al no haber margen para más ajuste social, un colapso del equilibrio cambiario podría derivar en una crisis política, como ocurrió en Argentina en 2001, aunque ahora sin el "uno a uno".

• Explosión de la brecha cambiaria: si se acaban los dólares para intervenir o sostener la brecha, se puede generar una corrida sin contención, con traslado a precios, caída de reservas y riesgo de default.

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 Conclusión

La experiencia chilena de 1982 demuestra que ningún modelo es invulnerable si se basa en fundamentos frágiles y endeudamiento externo como pilar transitorio. Hoy, Argentina repite algunos errores de manual: usar deuda para sostener una ilusión de estabilidad, mientras los problemas estructurales (productividad, matriz exportadora, pobreza) siguen creciendo bajo la alfombra. Si el gobierno no corrige el rumbo y no se abren caminos de crecimiento real, lo que parece “orden” puede convertirse en otra crisis más. La historia no se repite igual, pero rima. Y la Argentina ya ha oído esta música antes.

"Gastalos tranquilo, que el Estado mira para otro lado"

La secuencia es insólita pero reveladora: primero te ofrecieron un blanqueo. Pagá un poco, te regularizás y volvés a jugar con las reglas del sistema. Hasta ahí, discutible pero legítimo. Ahora, apenas minutos después de cerrado ese capítulo, llega el verdadero premio: gastalos sin miedo, que ARCA, la UIF y el Ministerio de Economía no van a mirar. Tenés dólares en el colchón, en una caja fuerte o afuera sin declarar? Usalos tranquilo. No habrá consecuencias, ni fiscalización, ni rastreo.

La señal es clara: el que esperó, ganó. El que cumplió, pagó de más. Y el que confió en el sistema para regularizar su situación, hoy se entera de que podría haber hecho lo mismo sin poner un solo peso. Porque esta nueva disposición no es otra cosa que una amnistía encubierta, un guiño al informalismo que, lejos de ser una excepción, empieza a institucionalizarse como práctica económica avalada por el Estado.

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Fortalezas de la medida:

• Incentivo al consumo y a la inversión inmediata: En un contexto recesivo, permitir que se muevan dólares no declarados puede dinamizar sectores como la construcción, el turismo, o el mercado inmobiliario, sin pasar por la burocracia del blanqueo.

• Liquidez sin emisión: Alienta la circulación de capital ya existente, sin necesidad de emitir ni endeudarse.

• Descongestión del sistema de control: En la práctica, la medida descomprime organismos como la UIF y AFIP, quitándoles una tarea imposible: fiscalizar el dinero informal de millones de argentinos.

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Debilidades profundas:

• Premio al incumplimiento: El mensaje implícito es devastador: “no declares, que después te lo perdonamos”. Esto erosiona la confianza en cualquier política de cumplimiento futuro y destruye la moral tributaria.

• Inequidad flagrante: Mientras el contribuyente formal financia al Estado con impuestos altísimos, al evasor se lo invita a participar del sistema sin consecuencias. Esto amplía la brecha entre la economía blanca y la negra, y legitima al que nunca cumplió.

• Desprestigio institucional: Si el Estado se niega a controlar, no solo resigna recaudación: también pierde autoridad moral y legal. Se instala la idea de que las normas están para ser ignoradas y que los controles son meros enunciados simbólicos.

• Imprevisibilidad jurídica: En lugar de un marco claro y previsible, se impone la lógica del atajo, donde las decisiones se modifican sobre la marcha. Esto desalienta tanto la inversión genuina como el cumplimiento voluntario.

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Una lógica perversa

El problema no es solo económico: es ético e institucional. No hay república posible si el Estado decide cuándo mirar y cuándo hacerse el distraído según la conveniencia del momento. Si ayer te cobraban por sincerarte, y hoy te aplauden por seguir en las sombras, ¿qué incentivo queda para actuar dentro de la ley?

"Un Estado que premia al evasor desalienta al que produce", advertía Bernardo Kosacoff, economista y exdirector de la CEPAL. La frase es más vigente que nunca.

Esta estrategia puede ser eficaz en el corto plazo. Pero es pan para hoy y corrosión institucional para mañana. Porque si el Estado renuncia a controlar, no solo pierde autoridad: pierde el alma.

Un nuevo régimen cambiario en marcha: fortalezas, riesgos y desafíos

El acuerdo alcanzado por el gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el año 2025 define un nuevo marco cambiario que busca combinar la ortodoxia fiscal, la acumulación de reservas y una apertura parcial del cepo cambiario en un contexto de alta fragilidad macroeconómica. A continuación, se presenta un análisis de los principales aspectos del esquema y sus posibles consecuencias.

Fortalezas del nuevo régimen

1. Claridad de reglas cambiarias: La definición de bandas cambiarias ($1.000 - $1.400) reemplaza al crawling peg discrecional, aportando previsibilidad. Si bien aún no se trata de un tipo de cambio libre, representa un avance hacia una mayor transparencia.

2. Eliminación del dólar BLEND: La desaparición del esquema que permitía a los exportadores liquidar parte de sus divisas al contado con liquidación (CCL) tiende a homogeneizar el mercado cambiario y reducir arbitrajes.

3. Unificación cambiaria parcial: El sistema avanza hacia un mercado único de cambios. Aunque persisten restricciones para personas jurídicas, se facilita la toma de decisiones de inversión y se reduce la incertidumbre.

4. Disciplina monetaria y acumulación de reservas: El compromiso de alcanzar USD 9.000 millones de reservas netas refuerza el ancla macroeconómica exigida por el FMI. El esquema de intervención entre bandas, sin financiamiento monetario del déficit, apunta a estabilizar expectativas.

5. Normalización del comercio exterior: La regularización de los plazos para pagar importaciones es esencial para recomponer relaciones comerciales y garantizar el abastecimiento de insumos.

Debilidades y riesgos latentes

1. Persistencia del cepo para empresas: A pesar de los avances, las restricciones a la remisión de utilidades continúan. Esto desalienta la inversión extranjera directa y limita el ingreso de capital productivo.

2. Volatilidad cambiaria potencial: La amplitud de las bandas y la promesa de no intervenir dentro de ellas abre la posibilidad a que el dólar se desplace hacia el límite superior, especialmente ante shocks externos o desalineación de expectativas.

3. Esquema de intervención riesgoso: El compromiso de inyectar pesos a $1.000 y retirarlos a $1.400 plantea dudas sobre su eficacia, sobre todo en un contexto inflacionario. El BCRA podría ver afectada su capacidad de anclar expectativas si no logra comprar reservas.

4. Dependencia del financiamiento externo: El acuerdo prevé ingresos por USD 23.000 millones (FMI, organismos internacionales y REPOs) en 2025, pero se proyecta una necesidad adicional de USD 10.000 millones para 2026/27. Persisten vencimientos por USD 46.000 millones, por lo que el esquema sigue dependiendo de nueva deuda.

5. Ausencia de un plan de desarrollo: El enfoque está centrado en lo cambiario y fiscal. No se observan estrategias de crecimiento, reactivación productiva o fortalecimiento del entramado exportador, lo cual podría limitar la sostenibilidad del modelo.

Conclusión

El nuevo esquema acordado con el FMI constituye una señal de normalización y compromiso con la estabilidad macroeconómica. La transición hacia un régimen cambiario más previsible y unificado es una condición necesaria, aunque no suficiente, para recuperar la confianza.

Sin embargo, la fragilidad estructural persiste: la escasa demanda de pesos, la alta dependencia del financiamiento externo, las restricciones al sector privado y la falta de un horizonte productivo limitan las chances de una salida sustentable. Si no se corrigen estos desequilibrios, el riesgo es que este nuevo esquema termine siendo una "tablita" más, con los mismos desenlaces conocidos de la historia económica argentina.

Argentina y el FMI: Un alivio pasajero para un problema estructural

El reciente acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para adelantar 8.000 millones de dólares en el marco del programa de financiamiento por 20.000 millones ha generado expectativas en los mercados. Con reservas netas negativas por 11.000 millones de dólares, este desembolso representa un alivio en términos de liquidez y estabilidad cambiaria. Sin embargo, la pregunta central es si esta medida contribuirá a reducir el Riesgo País de manera sostenible o si simplemente será una corrección temporal en un escenario de alta incertidumbre económica.

¿Baja el Riesgo País?

En el corto plazo, es probable que el Riesgo País registre una disminución moderada. La llegada de estos fondos mejora la capacidad de pago del país, evita una inminente crisis de reservas y puede reducir la presión sobre el dólar. Los bonos argentinos, que se encuentran en niveles históricamente deprimidos, podrían reaccionar positivamente a esta noticia, al menos en un primer impacto.

No obstante, más allá del alivio inmediato, Argentina enfrenta problemas estructurales que no se resuelven con este desembolso. La deuda con el FMI asciende a 45.000 millones de dólares, una carga pesada que condiciona la política económica del país. A esto se suma un dólar oficial claramente retrasado, con un desfasaje estimado en 30%, lo que genera distorsiones en la economía y pone en duda la sustentabilidad del actual esquema cambiario.

El problema del tipo de cambio

El atraso cambiario es una bomba de tiempo. La administración Milei ha optado por mantener el dólar oficial artificialmente bajo para contener la inflación, pero esto tiene costos elevados: la pérdida de competitividad de sectores exportadores, la acumulación de pasivos del Banco Central y el riesgo de un ajuste brusco cuando la brecha cambiaria se haga insostenible. Sin una corrección ordenada, la historia reciente muestra que los desajustes acumulados tienden a resolverse con saltos abruptos en la cotización del dólar, lo que podría generar un nuevo pico de incertidumbre.

Un alivio efímero si no hay cambios estructurales

El adelanto de los fondos del FMI no es más que un paliativo en una economía que sigue sin dar señales claras de recuperación. El superávit fiscal logrado por el gobierno es un paso importante, pero no suficiente. Sin crecimiento económico y sin financiamiento genuino en los mercados internacionales, Argentina seguirá dependiendo de asistencia externa y ajustes constantes para evitar una nueva crisis de deuda.

Para que el Riesgo País baje de forma sostenida, el gobierno necesita demostrar que su programa es viable en el tiempo. Eso implica resolver el problema del atraso cambiario, generar confianza en los mercados y, sobre todo, reactivar la economía. De lo contrario, el alivio de hoy podría ser solo el prólogo de nuevas turbulencias en el futuro cercano.

Acuerdo con el FMI

 "Acuerdo con el FMI: sanear el BCRA para terminar con la inflación". En su argumento, Milei propone aumentar la deuda con el Fondo Monetario Internacional para estabilizar el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y reducir la inflación. Sin embargo, es crucial destacar las deficiencias en este enfoque monetario.

Primero, es fundamental reconocer que la dinámica monetaria argentina difiere significativamente de otros países. Mientras que en economías más estables los agentes ahorran en la moneda nacional, en Argentina prevalece el ahorro en dólares estadounidenses, lo que genera desequilibrios monetarios y cambiarios persistentes. Este comportamiento implica que el BCRA se ve constantemente presionado por una demanda incompleta de pesos, afectando la efectividad de su política monetaria y exacerbando la volatilidad inflacionaria.

Además, la propuesta de Milei de aumentar las reservas del BCRA con fondos del FMI plantea serios problemas de sostenibilidad y dependencia externa. Al incrementar la deuda con el Fondo, Argentina se expone a mayores compromisos financieros y a una creciente influencia de los países acreedores en sus políticas internas, poniendo en riesgo la autonomía económica y política del país.

Otro punto de preocupación es el manejo del déficit fiscal y el impacto a largo plazo sobre la carga impositiva y el gasto público. Aunque Milei sugiere que los nuevos fondos del FMI podrían utilizarse para mejorar el balance del BCRA, existe incertidumbre sobre cómo se gestionarán estos recursos y si realmente contribuirán a una estabilidad duradera.

En resumen, mientras se comparte la preocupación por la salud financiera del BCRA y su impacto en la inflación, es esencial cuestionar la viabilidad y las implicancias a largo plazo del acuerdo propuesto. Argentina enfrenta desafíos únicos que requieren soluciones adaptadas a su contexto económico y social, más allá de las recetas estándar del FMI.

Perspectivas Económicas bajo la Presidencia de Javier Milei

En medio de un panorama económico desafiante, las decisiones financieras y monetarias del gobierno de Javier Milei están en el centro del debate. Se observa un crecimiento notable en variables clave como la base monetaria (M2 y M3), lo cual históricamente ha acelerado la inflación. Este fenómeno, de continuar, podría plantear serios desafíos hacia la segunda mitad del mandato.

El aumento de la base monetaria no solo impacta en la inflación, sino que también influye en la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La política de expansión monetaria, aunque busca activar la economía en el corto plazo, plantea riesgos significativos a medida que se debilita el valor de la moneda local y se enfrenta a presiones inflacionarias persistentes.

El gobierno, bajo la premisa de un "socialismo monetario", enfrenta el desafío de controlar todas las variables económicas de manera eficiente, un objetivo que históricamente ha sido esquivo para muchas administraciones. La confianza en este enfoque radical está lejos de ser unánime, con críticas que señalan posibles repercusiones negativas a largo plazo.

En cuanto a la política cambiaria, las decisiones futuras respecto al cepo al dólar serán cruciales. Existe incertidumbre sobre si se mantendrá cerrado o si su eventual apertura podría resultar en consecuencias no deseadas. El manejo de las reservas del Banco Central y su relación con los pasivos siguen siendo temas de preocupación, con el riesgo de un deterioro continuo en el patrimonio neto de la institución.

Además, la situación de las reservas muestra una tendencia preocupante, con una disminución notable y una dependencia creciente de financiamiento externo para mantener el equilibrio cambiante. Este escenario se complica aún más por las necesidades financieras a corto plazo y la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para asegurar nuevos acuerdos con el FMI, lo que podría aumentar la deuda nacional.

En resumen, Javier Milei enfrenta un desafío monumental en la gestión de la economía argentina. Las decisiones actuales sobre políticas monetarias y cambiarias tendrán repercusiones significativas tanto en el corto como en el largo plazo. La comunidad financiera observa con cautela, consciente de la necesidad de equilibrar las demandas de crecimiento económico con la estabilidad macroeconómica indispensable para evitar crisis mayores

CEPO y Reservas: La Danza Inexorable del Dólar en Argentina

En Argentina, la política de Control de Cambios (CEPO) ha sido un tema central en la economía, especialmente en lo que respecta a las reservas internacionales. Es evidente que bajo estas restricciones, las reservas no pueden mantener un crecimiento sostenido y permanente; más bien, fluctúan y eventualmente tienden a caer a mediano y largo plazo. Aunque levantar el CEPO es necesario, no es suficiente para acumular reservas estables, ya que frecuentemente se financian con emisión, generando instrumentos como LEBACs, LELIQs y Pases, cuya efectividad es limitada en términos de estabilidad monetaria.

Incluso en periodos que se perciben como exitosos, las reservas bajo el CEPO no logran mantenerse en ascenso constante con Javier Milei al frente. La inflación, por su parte, sigue una tendencia al alza bajo el CEPO, y aunque pueda ser temporalmente controlada, tarde o temprano vuelve a manifestarse. Sin el CEPO, la inflación no está exenta de subir, pero bajo esta política restrictiva se perpetúa la destrucción de riqueza a largo plazo.

A pesar de intervenciones para estabilizar el mercado cambiario paralelo y reducir la brecha artificialmente, el tipo de cambio sigue comportándose conforme a su dinámica natural a largo plazo. Incluso con apoyo internacional, acuerdos con el FMI, y otros factores favorables, el dólar bajo CEPO sigue mostrando una volatilidad predecible: salta, se estabiliza temporalmente y luego vuelve a subir.

En el corto plazo, vimos cómo el dólar absorbió las apreciaciones cambiarias recientes, mostrando que, aunque los indicadores mejoren temporalmente, la estabilidad no es duradera bajo estas condiciones. Proyectar una disminución significativa del dólar real para finales de 2025 requiere no solo ajustes macroeconómicos sino también una contención real de la inflación, lo cual sigue siendo una tarea pendiente.

El reciente aumento del crédito al sector privado plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta política monetaria expansiva. ¿Está realmente financiando un crecimiento productivo o simplemente alimentando el carry trade? Esto, junto con la persistente devaluación del peso frente al dólar, podría significar un riesgo futuro si no se acompaña de inversiones reales y crecimiento económico sostenido.

En resumen, la experiencia argentina con el CEPO y las reservas internacionales revela una danza económica compleja y predecible: sin reformas estructurales profundas y políticas monetarias consistentes, las fluctuaciones del dólar y la inflación seguirán marcando la pauta, afectando la estabilidad económica a largo plazo.

Apoyo a Milei, Desafíos Macroeconómicos y un Futuro Incierto

Estamos a las puertas del segundo año de gobierno de Javier Milei, justo cuando se aproximan las elecciones legislativas de 2025, un momento crucial que podría definir el futuro político del país. Históricamente, estas elecciones han tenido un impacto ambiguo: mientras pueden debilitar al gobierno en funciones, no garantizan necesariamente un segundo mandato exitoso ni la reelección en 2027. La experiencia reciente con otros gobiernos demuestra que el éxito en las elecciones intermedias no siempre asegura una gestión sin sobresaltos en la segunda mitad del mandato, como vimos con casos anteriores como el gobierno de Macri.

En términos de aprobación, el gobierno de Milei muestra un apoyo significativo según recientes encuestas de Management & Fit, donde un 52.5% aprueba su gestión. Este respaldo es más sólido entre hombres y personas menores de 40 años, así como aquellos con educación media, destacándose por mantenerse estable y superar notablemente al gobierno anterior.

Sin embargo, la base de este apoyo no se encuentra principalmente en logros económicos, sino más bien en la lucha contra la corrupción, un aspecto donde el gobierno ha tenido cierto éxito percibido. En contraste, problemas como el aumento de precios y la preocupación por la pobreza y el desempleo muestran niveles significativos de desaprobación, destacando los desafíos persistentes que enfrenta la administración.

En cuanto a la política económica, la estabilidad cambiaria y la reducción de la brecha han sido logros notables, aunque su sostenibilidad no está garantizada. Un escenario favorable podría mantener estas condiciones, pero cualquier reversión podría traer complicaciones serias, especialmente en sectores vulnerables como la industria y las PYMES.

Mirando hacia adelante, el gobierno de Milei enfrenta varios desafíos clave, incluyendo la necesidad de mantener el apoyo político y abordar las expectativas cambiarias en un contexto electoral y post-electoral. La capacidad del gobierno para manejar estas dinámicas será crucial para su futura estabilidad y las perspectivas macroeconómicas del país.

En resumen, mientras que el gobierno actual disfruta de cierto respaldo popular, el camino hacia una reelección no está exento de obstáculos, especialmente dada la volatilidad política y económica inherente. Javier Milei deberá continuar navegando estas aguas turbulentas con habilidad política y económica si desea consolidar su posición a largo plazo y evitar los errores pasados que han plagado a otros líderes en el pasado reciente.

Este análisis refleja la complejidad del entorno político y económico actual, donde cada paso estratégico podría tener repercusiones significativas tanto para el gobierno como para el país en su conjunto.

Desafiando la Inflación

 El comportamiento de la inflación en diciembre de 2024, con un aumento del 2.7%, apenas superando el registro de noviembre y empatando con octubre, refleja una tendencia a la baja en el promedio móvil de cuatro meses a lo largo del año. Aunque la inflación actual sigue por encima de los niveles de 2020, los fundamentos monetarios son más sólidos, sugiriendo potencial para una disminución continua en 2025.

Este resultado es positivo para el gobierno de Javier Milei, que ha logrado mantener la inflación por debajo del 3% durante tres meses consecutivos. Sin embargo, romper el umbral del 2% será un desafío mayor, complicado por ajustes como la reducción de la paridad móvil al 1% mensual en febrero.

Esta medida busca impulsar una mayor deflación de los precios importados y, por ende, reducir tanto la inflación mayorista como la minorista. La estrategia se apoya en la apertura comercial y la desregulación, incentivando una competencia de precios que beneficia la actividad económica y contrarreste presiones inflacionarias.

Aunque esta política puede beneficiar la macroeconomía, también presenta riesgos para la rentabilidad empresarial, especialmente entre sectores que no logran adaptarse a los nuevos márgenes. Además, la depreciación proyectada del dólar oficial en los próximos meses podría complicar aún más este panorama.

El gobierno continuará apostando por la depreciación controlada del dólar y la competencia de precios como herramientas clave para contener la inflación. Sin embargo, el desafío reside en mantener la estabilidad económica mientras se ajustan los precios relativos entre bienes y servicios.

En resumen, mientras el gobierno avanza en su estrategia, la atención debe centrarse en la sostenibilidad de estas políticas frente a posibles cambios en la demanda de pesos y el contexto internacional, incluyendo la negociación con el FMI y los efectos de las políticas de la nueva administración estadounidense.

El posible rebote de la actividad en 2025: una mirada microeconómica

En nuestra última editorial discutimos un escenario optimista donde el nivel de actividad podría aumentar un 4,6% en 2025. Este supuesto se basa en una dinámica mensual desestacionalizada de crecimiento del 0,3% durante los próximos 12 meses. Si esto se concretara, el nivel de actividad global alcanzaría valores superiores a los de 2017, 2021 y 2022, aunque se mantendría levemente por debajo de los picos históricos de esos años. En este contexto, el gobierno, impulsado por el año electoral, probablemente buscará presentar este rebote como una señal de “crecimiento económico”.

Rebote no es crecimiento

Es crucial subrayar que un aumento del PBI tras dos años de caídas consecutivas no constituye crecimiento económico sostenido. Históricamente, hemos visto fluctuaciones similares: tras contracciones de -1,6% en 2023 y -2,5% en 2024, un crecimiento de +4,6% en 2025 podría ser simplemente un efecto estadístico. Ejemplos previos, como las recuperaciones de +10,4% en 2021 y +5,3% en 2022 tras la crisis de 2020 (-9,9%), demuestran que estas variaciones positivas no garantizan un cambio de tendencia estructural.

El crecimiento económico genuino implica un aumento sostenido del PBI per cápita en horizontes de mediano y largo plazo. Si bien un crecimiento de +4,6% en 2025 sería mejor que cifras menores o una nueva caída, el PBI per cápita seguiría por debajo de los niveles registrados en 2023, 2022 y la década 2011-2019, manteniendo una tendencia negativa desde 2011.

El rol de la inversión

El motor del crecimiento económico es la inversión, que expande la capacidad productiva y genera riqueza en el largo plazo. Hasta ahora, el gobierno de Javier Milei ha mostrado un ratio de inversión bruta interna del 13,8% del PBI, inferior al de las últimas seis presidencias. Este nivel no solo es insuficiente para amortizar el stock de capital existente, sino que también destruye capacidad productiva futura.

Para revertir esta situación, la inversión debería aumentar al menos 4 puntos porcentuales del PBI, alcanzando niveles similares a los registrados durante la gestión de Néstor Kirchner. Sin una mayor inversión, será imposible lograr un crecimiento sostenible. A pesar de los discursos optimistas sobre el potencial del sector energético y el software, estas industrias por sí solas no pueden asegurar un cambio estructural en la economía argentina.

Dificultades microeconómicas

El entramado microeconómico argentino, compuesto por pymes agrícolas, industriales, de construcción y comerciales, enfrenta graves dificultades. La rentabilidad está comprimida debido a altos costos de producción en dólares, demanda interna débil y un panorama exportador sombrío. Además, la apertura comercial y el encarecimiento de los productos nacionales agravan la situación.

En 2024, el agro logró maquillar parcialmente la caída del PBI gracias a un rebote estadístico del 37% tras la sequía de 2023. Sin embargo, para 2025, una cosecha buena pero normal no será suficiente. La actividad industrial, por su parte, acumuló una contracción del 6,8% en los primeros 11 meses de 2024, reflejando una preocupante pérdida de competitividad. En la construcción, el índice Construya mostró caídas sostenidas, acumulando una contracción anual del 27,2%.

Conclusión

El escenario optimista de un rebote del 4,6% en 2025 debe interpretarse con cautela. Aunque deseable, un repunte del nivel de actividad no equivale a crecimiento económico sostenido. Para alcanzar este objetivo, es imprescindible un cambio radical en la política de inversión, que permita fortalecer el entramado microeconómico y revertir las tendencias negativas de la última década. Sin estas transformaciones, cualquier mejora en 2025 será efímera y carecerá de impacto estructural.

Perspectivas Económicas 2024-2025: Entre Promesas de Cambio y Realidades Persistentes

 Los recientes datos del EMAE proporcionados por el INDEC hasta octubre de 2024 arrojan un panorama complejo para la economía argentina. Según estas cifras, la variación del PBI se estima en torno al -2,5% en 2024. Sin embargo, este número adquiere matices significativos cuando se analiza en detalle: excluyendo el impacto de la recuperación agrícola esperada en 2024, la contracción económica sería mucho más severa, alcanzando el -6,0% en comparación con 2023. Esta diferencia destaca cómo el desempeño negativo de sectores clave como la construcción, la industria, las PYMEs y el comercio, todos grandes generadores de empleo, se diluye en el promedio global.

A medida que comienza 2025, el análisis de la trayectoria económica reciente muestra una continuidad preocupante de las tendencias observadas desde 2012. A pesar de las promesas del gobierno de Javier Milei de romper con este ciclo y ofrecer un crecimiento sostenido del PBI de +5,0% anual durante los próximos tres años, los desafíos estructurales siguen siendo profundos. Incluso bajo un escenario optimista de crecimiento positivo, el PBI per cápita proyectado para 2027 se mantendría por debajo de los niveles de 2017 y años anteriores, reflejando un estancamiento prolongado en la generación de riqueza.

El gobierno enfrenta el desafío de demostrar que su programa económico puede traducirse en resultados tangibles y sostenibles. Sin embargo, las políticas actuales parecen priorizar logros de corto plazo, como la contención artificial del tipo de cambio y la inflación, a expensas de resolver los problemas de fondo, como la baja productividad, la escasa inversión y las limitaciones estructurales del Estado. Esta estrategia puede llevar a un rebote económico efímero, seguido de nuevas crisis de sostenibilidad.

Además, la creciente fragmentación social y la escalada de confrontaciones políticas y económicas complican aún más el panorama. Una sociedad más segmentada y violenta demanda mayores controles y gasto público, elementos que son antagónicos al enfoque de reducción estatal que el gobierno intenta implementar. La falta de un entorno de cooperación y estabilidad dificulta la inversión y la actividad económica, factores esenciales para cualquier programa de crecimiento sostenible.

En este contexto, el riesgo de una nueva devaluación y una aceleración inflacionaria en el mediano plazo no puede ser descartado. Si bien un acuerdo con el FMI y el ingreso de capital fresco podrían brindar cierto alivio en 2025, la viabilidad del programa económico dependerá en última instancia de su capacidad para generar confianza y atraer inversiones genuinas.

La historia reciente de la economía argentina enseña que los rebotes económicos tras contracciones severas han sido frecuentes, pero generalmente seguidos por nuevas recaídas. Sin cambios estructurales profundos y sostenibles, el panorama actual sugiere que el camino hacia un crecimiento duradero sigue siendo esquivo. El gobierno enfrenta un reto monumental: transformar promesas en realidades y superar las limitaciones que han frenado al país durante más de una década.