El Gobierno nacional insiste en presentar el superávit fiscal como la piedra angular del éxito de su programa económico. Sin embargo, un análisis más detallado de los números oficiales revela que no se trata de una consolidación estructural del equilibrio, sino de un artificio contable sostenido por decisiones excepcionales, con costos sociales y políticos crecientes y una sostenibilidad más que dudosa.
En primer lugar, la aparente consolidación fiscal ignora pasivos clave del Banco Central. Si se capitalizan adecuadamente los intereses de deuda, el déficit financiero asciende hoy al 5,1% del PBI, una cifra comparable a la que heredó el gobierno de Mauricio Macri en 2015. De hecho, incluso el superávit primario, presentado como un logro inédito, se evapora si se consideran gastos mínimos que ya han sido comprometidos, como recomposiciones parciales a jubilaciones, transferencias a discapacitados, transporte, el fondo docente y ATN al conurbano. Reincorporando estos rubros, el resultado primario real se ubicaría en un déficit cercano al 1% del PBI.
El camino seguido hasta ahora responde a una lógica de “licuadora y motosierra”, es decir, licuación por inflación de haberes y subsidios, y recortes abruptos en gastos que afectan principalmente a sectores vulnerables y a las provincias. Pero este tipo de ajuste, además de inequitativo, es insostenible en el tiempo: genera tensiones sociales crecientes, compromete servicios esenciales como salud, educación y justicia, y erosiona el capital político del gobierno en tiempo récord.
Más preocupante aún es el enfoque institucional adoptado. El Gobierno ha avanzado en recortes de transferencias automáticas que comprometen el piso mínimo garantizado de coparticipación federal. Además, ha centralizado los recursos del Tesoro Nacional mediante un manejo discrecional de los ATN, sin criterios claros ni consenso con los mandatarios provinciales. Este accionar debilita el pacto federal, alimenta el conflicto entre Nación y provincias, y alienta una deriva centralista que vulnera las bases mismas del sistema constitucional argentino.
Algunos sectores del mercado han convalidado esta estrategia bajo el argumento de que cualquier forma de ajuste es preferible a la inercia fiscal. Pero la historia económica argentina demuestra que los equilibrios fiscales frágiles y socialmente regresivos no duran. El superávit no puede construirse sobre la base de la parálisis institucional ni del deterioro democrático. Y menos aún puede ser festejado mientras crece la pobreza, se destruyen los ingresos reales y se asfixia a los gobiernos subnacionales.
En definitiva, el supuesto orden fiscal es más bien una ilusión estadística que esconde una dinámica insustentable en el tiempo. Lejos de consolidar la estabilidad macroeconómica, esta estrategia puede derivar en una nueva etapa de conflictividad política, deterioro institucional y crisis de gobernabilidad.
El verdadero desafío no es alcanzar un superávit a cualquier costo, sino construir una senda de equilibrio duradero, con legitimidad política, solidez técnica y justicia distributiva. Lo demás es relato.