El Gobierno nacional paga tasas cercanas al 65% para que los bancos le renueven LECAPs y eviten una corrida. En paralelo, veta con la lapicera presidencial un aumento para jubilados y personas con discapacidad. Esa escena, aunque suene brutal, resume el corazón del modelo económico que conduce Javier Milei: un ajuste sin anestesia, sostenido por el sistema financiero y a costa del tejido social más vulnerable.
No hay metáfora ni exageración: mientras los sectores más castigados de la población ven cómo sus ingresos se licúan mes a mes con la inflación, el Estado gasta cada vez más en intereses para refinanciar su deuda en pesos. En términos políticos, el mensaje es claro: primero los bancos, después el resto. En términos económicos, es una estrategia cada vez más difícil de sostener sin consecuencias.
La política monetaria actual se basa en sostener tasas reales altas para evitar una presión cambiaria que desestabilice el esquema. Pero esto tiene un costo colosal. El Tesoro se financia emitiendo deuda en pesos que el mercado solo renueva si es recompensado con rendimientos imposibles de replicar en la economía real. Mientras tanto, el crédito productivo está completamente paralizado, y no hay una sola obra de infraestructura o vivienda en marcha con financiamiento genuino.
La paradoja es evidente: se le paga a los bancos para que no huyan, pero se le niega un ajuste razonable a quienes dependen del Estado para subsistir. En este contexto, el veto a la fórmula previsional sancionada por el Congreso no fue una decisión técnica, sino un gesto ideológico. El Gobierno prefiere arriesgar capital político antes que ceder en su ortodoxia fiscal.
Pero el riesgo no es solo económico. En medio de una recesión profunda, con ingresos desplomados y caída del consumo, este tipo de decisiones alimenta una narrativa peligrosa: la del abandono. La clase media empobrecida, los jubilados, los trabajadores informales y los sectores con discapacidad no pueden esperar un rebote macroeconómico para sobrevivir. Y cada vez más argentinos sienten que el modelo económico no los incluye.
Además, ya cambiamos tres veces de régimen cambiario desde diciembre: primero con cepo estricto, luego con un crawling peg y, más recientemente, con un esquema de flotación administrada dentro de bandas. El tipo de cambio oficial sube al 2% mensual mientras la brecha con los dólares paralelos vuelve a escalar. Esa inestabilidad erosiona la credibilidad del programa económico y debilita cualquier intento de plan de estabilización.
¿Hasta cuándo podrá sostenerse este modelo en el que se subsidia con tasas exorbitantes al sistema financiero, se licúa el gasto social y se posterga a los sectores que no tienen voz en la mesa del poder?
La política económica del Gobierno, en su versión más dura, comienza a mostrar sus límites. La licuación de pasivos sin crecimiento, sin inversión y sin contención social es, además de regresiva, profundamente piantavotos. Y no hay relato libertario que lo maquille.
A seis meses de las elecciones legislativas y con una recesión que aún no tocó piso, la pregunta que crece en la sociedad ya no es si hay que hacer un ajuste, sino quién lo paga.
