La secuencia es insólita pero reveladora: primero te ofrecieron un blanqueo. Pagá un poco, te regularizás y volvés a jugar con las reglas del sistema. Hasta ahí, discutible pero legítimo. Ahora, apenas minutos después de cerrado ese capítulo, llega el verdadero premio: gastalos sin miedo, que ARCA, la UIF y el Ministerio de Economía no van a mirar. Tenés dólares en el colchón, en una caja fuerte o afuera sin declarar? Usalos tranquilo. No habrá consecuencias, ni fiscalización, ni rastreo.
La señal es clara: el que esperó, ganó. El que cumplió, pagó de más. Y el que confió en el sistema para regularizar su situación, hoy se entera de que podría haber hecho lo mismo sin poner un solo peso. Porque esta nueva disposición no es otra cosa que una amnistía encubierta, un guiño al informalismo que, lejos de ser una excepción, empieza a institucionalizarse como práctica económica avalada por el Estado.
Fortalezas de la medida:
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Incentivo al consumo y a la inversión inmediata: En un contexto recesivo, permitir que se muevan dólares no declarados puede dinamizar sectores como la construcción, el turismo, o el mercado inmobiliario, sin pasar por la burocracia del blanqueo.
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Liquidez sin emisión: Alienta la circulación de capital ya existente, sin necesidad de emitir ni endeudarse.
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Descongestión del sistema de control: En la práctica, la medida descomprime organismos como la UIF y AFIP, quitándoles una tarea imposible: fiscalizar el dinero informal de millones de argentinos.
Debilidades profundas:
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Premio al incumplimiento: El mensaje implícito es devastador: “no declares, que después te lo perdonamos”. Esto erosiona la confianza en cualquier política de cumplimiento futuro y destruye la moral tributaria.
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Inequidad flagrante: Mientras el contribuyente formal financia al Estado con impuestos altísimos, al evasor se lo invita a participar del sistema sin consecuencias. Esto amplía la brecha entre la economía blanca y la negra, y legitima al que nunca cumplió.
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Desprestigio institucional: Si el Estado se niega a controlar, no solo resigna recaudación: también pierde autoridad moral y legal. Se instala la idea de que las normas están para ser ignoradas y que los controles son meros enunciados simbólicos.
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Imprevisibilidad jurídica: En lugar de un marco claro y previsible, se impone la lógica del atajo, donde las decisiones se modifican sobre la marcha. Esto desalienta tanto la inversión genuina como el cumplimiento voluntario.
Una lógica perversa
El problema no es solo económico: es ético e institucional. No hay república posible si el Estado decide cuándo mirar y cuándo hacerse el distraído según la conveniencia del momento. Si ayer te cobraban por sincerarte, y hoy te aplauden por seguir en las sombras, ¿qué incentivo queda para actuar dentro de la ley?
"Un Estado que premia al evasor desalienta al que produce", advertía Bernardo Kosacoff, economista y exdirector de la CEPAL. La frase es más vigente que nunca.
Esta estrategia puede ser eficaz en el corto plazo. Pero es pan para hoy y corrosión institucional para mañana. Porque si el Estado renuncia a controlar, no solo pierde autoridad: pierde el alma.
